Sea cual sea el resultado del 27S, es evidente que quedará abierta una profunda carnazón en la piel de este país, tras una grave fractura en uno de sus principales elementos constitutivos. La lacónica pasividad de las instituciones con respecto a Cataluña durante la legislatura que concluye no ha resuelto el conflicto, aunque haya quedado de manifiesto que no existe masa crítica para que la opción independentista pueda prosperar de un modo u otro. En cualquier caso, estaría ciego quien no viese que, más allá de este minoritario aunque potente sector soberanista, existe un descontento muy generalizado en toda la sociedad catalana por la conducta insensible de un Estado que no se ha comportado con la debida generosidad ni con la necesaria sutileza en la imbricación de Cataluña en su seno. El desafortunado proceso de reforma del Estatuto, que desembocó en frustración, y la evidencia de que el sistema de financiación autonómica mantiene desequilibrios que lo vuelven injusto han engendrado resquemores que deben ser abordados y resueltos en la próxima legislatura.
En definitiva, parece inaplazable una revisión del estado de las autonomías, o, por decirlo con más precisión, una culminación constitucional del diseño autonómico que la Constitución vigente insinúa pero no formula. El título VIII de la carta magna, "De la organización territorial del Estado", no dibuja el mapa autonómico: tan sólo marca los criterios que habrán de utilizarse para ponerlo en pie, la conformación de los territorios, las reglas para la redacción de los Estatutos de Autonomía y su reforma, la distribución de las competencias entre el Estado y las autonomías, etc. La primera disposición adicional preserva, demás, los derechos históricos de los territorios forales.
En definitiva, el problema catalán, así como las disfunciones que ha mostrado el sistema autonómico, sugieren la necesidad de una reformulación de éste, que podrá ajustarse a la nomenclatura que se quiera pero que, de algún modo, tendrá que responder a pautas federales, con las asimetrías que se pacten (no parecería sensato, a estas alturas, generar nuevos conflictos para resolver otros, por lo que la pervivencia del régimen de los territorios forales no debería someterse de nuevo a discusión). También el sistema de financiación debería constitucionalizarse para otorgarle solvencia y estabilidad.
Ante esta perspectiva, que el PP ni siquiera quiere abordar en toda la legislatura, ha impuesto su mayoría absoluta para impedir cualquier negociación con Cataluña, incluso la del pacto fiscal que solicitaba la Generalitat, resulta cuando menos curioso que el partido gubernamental se avenga a negociar ahora, en el extremo del cuatrienio, una reforma del Senado que incluya la inevitable reforma constitucional. Por supuesto que hay que abordar el problema de una segunda cámara ineficiente que desacredita el sistema de representación e impide que se implementen los rasgos federalizantes que tenían in mente los constituyentes, pero carece de sentido emprender esta reforma en abstracto, sin ligarla al problema catalán, sin advertir de que de lo que se trata es de realizar una reforma del Estado que dé coherencia interna al modelo autonómico y resuelva definitivamente las disfunciones que arrastramos desde el siglo XIX.
Lo que debería pactarse antes de las elecciones generales es, en definitiva, la apertura de un proceso limitado y controlado de reforma constitucional, encaminado a consolidar por consenso un modelo avanzado de organización territorial, a hacer de Senado una verdadera cámara de representación de las regiones y a resolver los anacronismos en que ha incurrido la carta magna por el paso del tiempo. PP y PSOE tendrían que cerrar este acuerdo e invitar a participar a las demás formaciones si de verdad quieren seguir siendo los grandes ejes sobre los que pivote la política española.
