Poco a poco y con todo el sigilo posible, se está consolidando una nueva forma de entender y aplicar el desempeño de la función pública. Se trata, preferentemente, de mantener todos los ases en la manga para, en un momento determinado, cuando convenga, poder moldear un empleado al servicio de la Administración Pública a imagen, semejanza y sobre todo conveniencia, del cargo político de turno. La vestimenta y la justificación resultan fáciles de argumentar: urgencia y necesidad sobrevenida en forma de excepción. "Siempre se ha hecho así" dice la portavoz del Govern, Núria Riera.

El funcionario madurado desde las pruebas de oposición y la convocatoria libre concebida en base a la igualdad de oportunidades, anda de capa caída. Está mal visto. Despierta demasiados recelos. Está en disposición de reclamar profesionalidad y ampararse en ella. Ahora prima el empleado laboral entrenado para la primacía del contenido político en las instituciones. El Govern lo ha tenido en cuenta y por ello, en el momento de elaborar la Ley de Presupuestos de 2014, ha cuidado de mantener un controvertido artículo 21 que, en la práctica, permitirá recurrir al personal laboral siempre que se considere necesario, en detrimento del funcionariado. Es muy probable que este punto contradiga de plano el Estatuto Básico del Empleado Público y hasta la ley autonómica sobre la materia, pero da igual, se mantiene tal cual. Las sospechas que despierta este modo de obrar se acentúan cuando se observa la condición preelectoral del próximo año y quedan abonadas todas las tentativas para hacer y deshacer a conveniencia. Las urnas, en el orden de prioridades, están antes que la ejecución de servicios establecidos y ahora más que nunca, mejorables.

La condición de excepcionalidad que se está dando a la disposición tiene compleja justificación cuando, de hecho, puentea sin miramientos unas bolsas de interinos que, serán todo lo cuestionables que se quiera, pero están pensadas y estructuradas para cubrir precisamente las bajas y vacantes de funcionarios. También cabe advertir que el campo libre para la disposición sin trabas del personal laboral queda más despejado desde el momento en que, tanto en la administración del Estado como en la autonómica, se lleva tiempo sin convocar oposiciones ni concursos de traslado.

Los sindicatos hablan abiertamente de su temor a que el PP aproveche la coyuntura para introducir en conselleries y entes oficiales a militantes y afines, y el PSOE, que en sus tiempos de gobierno tampoco se quedó atrás en el uso de estas prácticas, anuncia la presentación de enmiendas. Vistos los parámetros de la política actual en Balears, nada cambiarán las cosas. Aquí, como en tantos otros ámbitos, también haría falta un gran pacto por el respeto a la salvaguarda de la función pública en su integridad, tanto en cuanto a concepto como modo de estructurarla y ponerla en práctica, pero falta la voluntad política de alcanzar este punto. La independencia y la profesionalización plena son los mejores instrumentos para modernizarla y dotarla de la eficacia que reclama y necesita el ciudadano.