Sin entrar en discusiones políticas, sobre las afinidades y posiciones que cada uno mantiene en relación a los logros sociales conquistados por los trabajadores, hay que decir que estos no son logros de los principales sindicatos (UGT y CC OO) de nuestra España democrática. Resulta interesante repasar el BOE, desde el golpe de Estado llevado a cabo por el general Franco (1936) hasta su muerte (1975), para comprobar que muchos de los beneficios laborales y sociales, que afortunadamente gozan, de forma totalmente merecida los trabajadores, no son fruto de "conquistas sindicales" sino, simple y llanamente, por mucho que nos pese reconocerlo, herencia del franquismo. Ello no supone, en ningún caso, una aceptación y valoración positiva del régimen franquista. Vayamos a los datos objetivos.

Fue el 9 de marzo de 1938 cuando Franco dicta la Ley del Fuero del Trabajo, como punto de partida de lo que posteriormente se fue desarrollando en política social y de empleo a favor de los trabajadores. Hay que leérsela. Parece una Ley más propia de los partidos socialistas de la época, que una ley de origen dictatorial y de "derechas", bajo el paraguas del nacional-sindicalismo.

El 1 de septiembre de 1939 se dicta la Ley del Subsidio Familiar y el 23 de septiembre de 1939 la del Subsidio de la Vejez, cuya intencionalidad era proveer de recursos a aquellas familias y personas mayores que carecían de los mismos para poder subsistir. Ya en 1940 y 1942 se dictaron las leyes del Descanso Dominical y Días Festivos, así como y la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad, antecesora de la Seguridad Social universal actual y que trajo consigo la construcción de una red sanitaria provista, con el paso de los años, de 292 hospitales, 500 ambulatorios, 425 consultorios y 96 residencias concertadas.

Entre 1944 y 1959 se pone en marcha el contrato de trabajo, vacaciones retribuidas, maternidad para la mujer trabajadora y garantías sindicales (26-01-1944), paga extraordinaria de Navidad (1941-1944), paga extraordinaria del 18 de julio €hoy de junio€ (18-07-1947), reforma del INP para una mejor cobertura (14-06-1950), accidentes de trabajo (22-06-1956), convenio colectivo (24-04-1958), mutualidad agraria, que supone la cobertura de 2.300.000 trabajadores del campo por cuenta propia o ajena (23-04-1959).

El seguro de desempleo se pone en marcha el 02-04-1961, la ayuda a la ancianidad el 11-06-196, la Ley de Bases de la Seguridad Social el 28-12-1963, el régimen especial agrario el 31-05-1963, la ordenanza general del campo, donde se establece la jornada laboral de 8 horas el 02-10-1969; la mutualidad de autónomos agrícolas el 20-08-1970 y la Ley del Empleo Comunitario el 23-12-1970, todo ello acompañado de un desarrollo normativo y reglamentario que aun hoy forma la base y el cuerpo doctrinal de todas las conquistas sociales y laborales de las que gozan en la actualidad los trabajadores. Hay que reconocer que en todo este cuerpo se han introducido modificaciones para adaptar la normativa a los tiempos actuales.

Es verdad que Franco desarrolló su política laboral y social a través de un único sindicato, el sindicato vertical del régimen, declarando ilegales todas aquellas organizaciones sindicales existentes antes del golpe de Estado y prohibiendo la constitución de nuevas. Este hecho es del todo censurable, pero también es verdad, como ya hemos apuntado, que el cuerpo doctrinal de la política social y de empleo de la cual España democrática, se nutre y tiene su origen, raíces y desarrollo, en la dictadura franquista. Sin valoración alguna, esto es un dato objetivo.

Está claro que los sindicatos cumplen una función relevante, al menos sobre los papeles, y reconocida en la Constitución (artículos 7, 28.1 y 131.2), en la vertebración de la España democrática y más concretamente en el campo de las relaciones laborales; pero de ahí a querer patrimonial izar los avances que en materia laboral y social se han producido en España en las dos últimas décadas, cuanto menos es temerario y engañoso, tal como ha quedado de manifiesto en los datos aquí aportados.

No cabe duda que hoy hay libertad sindical y los trabajadores se organizan y afilian de forma libre y voluntaria a uno u otro sindicato, según sus simpatías, intereses e ideología, pero hoy el sindicalismo español se ha convertido más en una plataforma de la "pancarta y el eslogan", que actúa en función de sus particulares intereses políticos, según quien gobierne o no, que en defensa de los intereses de los trabajadores y en especial de aquellos que sufren el drama del paro. Hoy los sindicatos están más preocupados y ocupados en defender las subvenciones que inundan sus arcas de euros y mantener el actual cupo de liberados, que defender los auténticos y reales intereses de los trabajadores, que hoy sufren el drama del desempleo, poniendo en jaque la estabilidad social y política de España.

Uno añora el tiempo de la transición, en que los sindicatos, con Camacho y Nicolás Redondo al frente, participaban de forma activa, en la recuperación de la democracia y sacar a España del pozo de la dictadura, a la vez que, con un alto grado de responsabilidad, que hoy por desgracia desconocemos, participaban en los acuerdos de Estado para superar la grave crisis económica que se generó a finales de los 70 y principios de los 80. Como diría Alfredo Amestoy: "Vivir para ver".