PABLO MARTÍN*
El pasado viernes 13 de noviembre, el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un proyecto de ley para la reforma del Código Penal.
Si bien se esperaba la mencionada modificación desde hacía un tiempo, y sin menospreciar aquellas que no mencionaré en estas líneas, algunas de las novedades que van a introducirse en nuestro ordenamiento jurídico penal tienen especial significación para nuestras islas, a tenor de los acontecimientos procesales que se han producido en éstas en los últimos dos años y medio, como a continuación expondré.
En principio, la lucha contra la corrupción adquiere una relevancia muy notoria en el texto redactado. Así pues, el cohecho entre particulares se tipifica con el objeto de reducir la corrupción en el sector privado. Entiendo que se adopta tal determinación no sólo como respuesta a una demanda social con amplios antecedentes, sino también motivada por la coyuntura económica y con el objetivo de agilizar el cambio de modelo económico, laboral y empresarial del país.
En cuanto a los delitos urbanísticos, los jueces podrán imponer multas de hasta el triple de la cuantía del beneficio, y las ganancias que hubiere obtenido el delincuente siempre se decomisarán. Si, además, el importe de estas últimas se utiliza con el fin de restituir, en la medida de lo posible, el entorno afectado, habremos avanzado un paso enorme en la disuasión de una conducta delictiva que beneficia a muy pocos, pero que afecta a muchos.
Sin embargo, son dos las variaciones en esta materia que más pueden incidir en la evitación de la comisión de este tipo de delitos: los funcionarios y autoridades que incumplan intencionadamente sus obligaciones y amparen las obras ilegales, serán castigados penalmente, y, por otra parte, se aumentarán las penas de prisión, que pueden llegar a ser de hasta cuatro años por cada obra ilegal.
También se amplía el plazo de prescripción de estos y otros delitos hasta cinco años, evitando de esta manera que una conducta merecedora del reproche social y penal que conlleva la destrucción del territorio, pueda quedar impune por la demora producida por la burocracia administrativa.
Finalmente, dentro del arco de medidas previstas para combatir la proliferación de la corrupción en nuestra sociedad, se regulará por primera ocasión la responsabilidad penal de las empresas, finiquitando de esta manera un debate jurídico con posiciones antagónicas de algunos sectores.
Se trata, por tanto, de una reforma que da respuesta a diversas reivindicaciones formuladas por un amplio sector de representantes sociales, y que fomentará sensiblemente la omisión de conductas y hechos constitutivos de delito que han lastrado y mancillado enormemente la credibilidad de políticos y determinada fracción de empresarios, en aquellos supuestos en los que ha prosperado el interés particular por encima del general.
Los ciudadanos merecen respuestas por parte de quienes nos decimos sus representantes legítimos.
*Diputado socialista por Balears.
