No es que no aprendan. Ni siquiera se plantean la posibilidad de hacerlo. En la clase política de esta isla permanece demasiado instalada la convicción de que el ejercicio del cargo institucional infunde potestades personales específicas en la tangente del bien y del mal. Basta la voluntad y el criterio adecuado al momento oportuno. Cuando las cosas vienen mal dadas es responsabilidad del técnico. En cambio, cuando el funcionario o asesor emite firmes informes en contra de los comportamientos del político, siempre queda el recurso del pleno de la corporación para sacarle de apuros y avalar el choque con la normativa, la igualdad de oportunidades y la equidad.
Ha vuelto a ocurrir. Ni siquiera han tenido la cautela de evitarlo en las áreas tan sensibles como las vinculadas a la sanidad y los servicios sociales. El IMAS ha pagado en tres años 32 millones en facturas libradas sin contrato ni concurso previo. Es una práctica tan viciada como fácil. Dejan que los contratos concluyan, no hay nueva adjudicación y quedan prorrogados por las buenas, sin concurso.
Uno puede entender que el IMAS, igual que ocurre en el Ib-Salut, se vea en un aprieto en un determinado momento y deba recurrir a un procedimiento de urgencia, pero colar vía reconocimiento extrajudicial de deuda, la compra de pañales o las facturas de la luz, ya es, en el mejor de los supuestos, pura desidia y apatía que no se puede tapar con la alusión del presidente Ensenyat al origen viciado del IMAS por gracia del PP y UM.
