El Govern se ratificó ayer, por boca de la directora general de Salud Pública, Maria Ramos, en su denuncia, interpuesta el pasado febrero, contra la empresa de distribución de alimentos de Inca Miguel Socías Soler S.L., sospechosa de un presunto delito contra la salud pública por vender productos caducados e irregularidades en el etiquetado de los mismos. Ramos prestó ayer declaración, en calidad de testigo, en el juzgado de instrucción 1 de Inca que investiga este caso.
La denuncia del Govern se basó en las actuaciones de inspectores de Salud que localizaron en la sede de la industria productos alimenticios caducados, o próximos a hacerlo, que podrían haber sido reintroducidos en el mercado gracias a cambios en el etiquetado.
La jueza de instrucción 1 de Inca., Olga Vicario, ha encausado al propietario de Miguel Socías Soler S.L., una empresa de manipulación y distribución de productos alimenticios, por un presunto delito contra la salud pública, derivado de la supuesta venta de productos caducados a punto de caducar y de reetiquetado de otros.
La jueza abrió el pasado 22 de febrero diligencias tras recibir una denuncia de la dirección general de Salud Pública de la conselleria de Salud por un presunto delito relacionado con los alimentos.
Antes, inspectores de ese departamento y la Guardia Civil habían ordenado la suspensión de actividad de la empresa, situada en una nave del polígono Can Matzarí de Inca.
Tal y como adelantó Diario de Mallorca, las sospechas iniciales eran que la industria, presuntamente, había manipulado alimentos que se encontraban próximos a caducar, les había cambiado el etiquetado y los había revendido a sus clientes.
Al parecer, la empresa habría manipulado alimentos próximos a caducar, básicamente quesos, patés y fiambres, reconvirtiéndolos en queso rallado o en productos bajo otros formatos, cambiándoles el etiquetado y volviéndolos a comercializar evitando de esta manera las pérdidas que les habría supuesto su eliminación al no ser ya aptos para el consumo humano.
Levantada la suspensión
El mismo 22 de febrero, inspectores de Salud visitaron de nuevo la nave y comprobaron que la empresa había adoptado diversas medidas para facilitar el control del sistema de etiquetado de los productos. Asimismo, se habían separado los alimentos a punto de caducar o de superar la fecha de consumo preferente del resto de género. Poco después, el Govern levantó la suspensión, con autorización de la jueza, y la empresa reanudó con normalidad su actividad.
La empresa ha pedido a la jueza que autorice la destrucción del género que ya ha caducado y que sigue almacenado en sus cámaras, ocupando mucho espacio. El Govern explicó que mantenía el precinto de esos productos al estimar que podían ser una prueba de las supuestas irregularidades.
El Govern decidió personarse como acusación en las diligencias contra los responsables del supuesto delito contra la salud pública.
El Código Penal castiga con penas de 1 a 4 años de cárcel a los que ofrezcan al mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición.
