Algunos miembros del Consell Consultiu han denunciado presiones a raíz del dictamen preceptivo que han realizado para que el Govern apruebe el decreto que exige el catalán en la sanidad pública. Lo han hecho por escrito y adjuntando su denuncia en el mismo dictamen. En ella vierten sus críticas veladas (sin nombrarlo) contra el presidente del alto órgano jurídico, el exdiputado socialista Antoni Diéguez. Los miembros del Consultiu que realizan esta denuncia son los que emitieron un voto particular contra la aprobación del decreto de catalán, los elegidos por el PP para estar en el órgano consultivo. Los letrados Felio Bauzá y Marta Vidal no dudan en denunciar que se han sentido presionados por las continuas filtraciones de las deliberaciones en los plenos del Consultiu.
Bauzá, antes de iniciar su voto particular hace constar en el mismo dictamen una cuestión previa: "Los consejeros tenemos el deber de guardar secreto de las actuaciones y deliberaciones. Este deber no es caprichoso, sino que persigue garantizar la serena reflexión de los asuntos a tratar. Sin embargo en el seno del expediente 23/2018 (el decreto de catalán) no se ha preservado este deber, sometiendo a este órgano de consulta a la presión que supone que trascienda el contenido de las deliberaciones antes de que estas hayan concluido". El letrado del Consultiu reprocha que haya gente en el alto órgano jurídico que "infrinja su deber de sigilo".
Por su parte, Marta Vidal tampoco esconde su malestar: "El análisis de la legalidad del decreto ha resultado afectado por consideraciones ajenas a la función consultiva y que se evidencian con las continuas filtraciones de las deliberaciones del alto órgano de consulta, en relación a las cuales quien suscribe ya formuló expresa denuncia".
Ayer tuvo lugar una tensa reunión entre los miembros del Consultiu de la mayoría progresista con los de la minoría conservadora, que denuncian las presiones durante el proceso de elaboración del dictamen sobre el decreto de catalán. Se acusaron mutuamente de filtrar las deliberaciones internas. La batalla se ha desencadenado entre las dos facciones del alto órgano consultivo
La aprobación urgente del decreto de catalán en la sanidad es esencial para el Govern, especialmente para Més, que incluso se enfrentó al PSOE cuando los socialistas querían rebajarlo. Los nacionalistas necesitan entregar un logro de estas características para poder contentar a sus bases.
La ponente ha sido la abogada del Govern María Ángeles Berrocal
La ponente del dictamen del decreto de catalán, la letrada que lo ha redactado, ha sido la abogada del Govern María Ángeles Berrocal, que también es miembro del Consultiu. Berrocal es quien defiende los intereses de la Comunidad Autónoma en el juicio del caso Nóos y el miércoles se encontraba en Madrid cumpliendo su cometido en la vista en el Tribunal Supremo sobre el futuro de Iñaki Urdangarin. Corresponde al presidente, en ese caso Antoni Diéguez, decidir quién es ponente de un determinado dictamen, por reparto, habitualmente aleatorio.
Protestas ante el Consolat durante la aprobación del decreto el viernes
El Govern tiene previsto aprobar este viernes en Consell de Govern el polémico decreto. Mientras esto ocurre, la plataforma 'Mos Movem' y la Sociedad Cívica Balear han convocado una concentración ante el Consolat de Mar. El Ejecutivo tiene prisa para aprobarlo, ya que habría fuerte tensión en el Pacto si se convocan las oposiciones a más de 5.000 plazas sanitarias del Ib-Salut sin el requisito de conocimiento de catalán aprobado.
El viaje a Quíos de Ensenyat, Jurado y su comitiva costó unos 3.000 euros
Hace justo dos años que el presidente del Consell, Miquel Ensenyat, y el vicepresidente Jesús Jurado, se marcharon a la isla griega de Quíos para apoyar a los refugiados sirios que huían de la guerra y fotografiarse ante la montaña de chalecos salvavidas. El coste de dinero público de aquel viaje fue de unos 3.000 euros por parte de la comitiva de Ensenyat, según la documentación oficial publicada por el Consell. El viaje en cuestión tuvo un coste de 534 euros, a lo que hay que añadir unos 55 euros de alojamiento diario y los gastos de comida, que fueron de unos 277 euros por persona. Todo ello para Ensenyat, Jurado y un miembro de su gabinete.
