Los letrados de la Administración de Justicia (nuevo nombre de los secretarios judiciales) de los juzgados penales de Palma han pedido al ministerio de Justicia que deje en suspenso la aplicación del llamado papel cero, o implantación del expediente digital. El colectivo no se opone al avance tecnológico, pero reclama más medios para su aplicación y que se den garantías para hacer su trabajo de fedatarios públicos con la misma solidez que con el soporte papel.
Hace unos días los letrados de la Administración de Justicia de los doce juzgados de instrucción, los ocho de lo penal y los dos de violencia sobre la mujer se reunieron en una junta para analizar los múltiples problemas que está dando el papel cero. La eliminación de este soporte físico y su sustitución por expedientes digitales y notificaciones también a través de internet se intensificó en los juzgados de Vía Alemania desde el pasado enero.
El cambio provocó desde el primer momento numerosas disfunciones, derivadas de los deficientes programas informáticos con que está dotada la Justicia, la escasez de escáneres para digitalizar multitud de documentos que siguen llegando o redactándose en soporte papel y los graves problemas para mantener una comunicación ágil y segura con otras instancias, como la fiscalía, los distintos cuerpos policiales, la clínica forense, y otros órganos judiciales de comunidades con transferencias en Justicia, que disponen de sistemas informáticos propios.
Los fiscales también se han visto seriamente perjudicados por el papel cero, dado que muchas veces no les llegan los documentos digitalizados o no los pueden abrir con sus ordenadores, el sistema informático es muy lento y cualquier trámite que antaño era automático, ahora se demora minutos, también tienen muchas dificultades para acceder, mediante un programa llamado Visor Horus, a los expedientes digitalizados de los juzgados.
Los fiscales también reclamaron hace semanas a la Justicia y a la fiscalía general del Estado más medios y formación para implantar el cambio y pidieron una suspensión del papel cero en espera de que se pueda hacer con agilidad y garantías su trabajo.
Una fiscal, por ejemplo, señaló que asuntos no complicados de calificar como las alcoholemias positivas se enmarañan al no poder acceder a los boletines de denuncia.
Los problemas se complican para los fiscales con la puesta en marcha de la Fiscalía Digital, prevista para el pasado lunes en Palma, pero que Justicia ha aplazado quince días sin especificar los motivos. Fiscalía Digital supone la integración del sistema de gestión procesal Fortuny con la aplicación de notificaciones Lexnet, el Visor y un portafirmas para la firma digital. Los fiscales no se oponen al cambio, pero reivindican más medios y seguridad para su implantación.
