A pocos días de la tercera manifestación callejera contra el juez y el fiscal del caso Cursach, el Poder Judicial salió ayer en defensa del magistrado que dirige esta investigación ante la insistente campaña de ataque personal y profesional que viene sufriendo desde hace meses. Se trata de una iniciativa, publicitada sobre todo en las redes sociales, en la que se ha llegado a insultar al juez, llamándole "delincuente" y "corrupto", pero sobre todo acusándole de haberse inventado pruebas para sostener la investigación del caso Cursach, con el único objetivo de perjudicar a los investigados.
Desde que se iniciara esta campaña, las posibilidades que ha tenido el juez para defenderse han sido muy limitadas. De hecho, en estos momentos incluso está momentáneamente apartado del caso, después de que un abogado le recusara poniendo en duda su imparcialidad, una maniobra a la que después se sumaron otros letrados. La única respuesta que tenía el juez era pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial, es decir, pretendía que el gobierno de los jueces se pronunciara sobre esta situación, consciente de que la decisión que se adoptara era más simbólica que efectiva. La Comisión Permanente del CGPJ estudió ayer la denuncia que presentó el magistrado del juzgado de instrucción número 12 de Palma y antes de tomar una decisión se analizó en profundidad los escritos de alegaciones, tanto del juez, como de los abogados a los que responsabilizaba de esta campaña de hostigamiento. La decisión fue unánime y ninguno de los vocales puso en duda la situación de acoso que está sufriendo el instructor del caso Cursach.
En muestra de este apoyo público, el órgano de gobierno de los jueces decidió otorgar el amparo a Penalva frente a la actuación del abogado Vicente Campaner, impulsor del llamado movimiento 27 N, una plataforma que está organizando las manifestaciones callejeras contra los investigadores del caso Cursach. Aunque no lo puede ordenar, el gobierno de los jueces ha pedido al abogado Campaner "el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional". Es decir, que se anulen las manifestaciones y las campañas de desprestigio contra los investigadores, pero en especial sobre el juez.
Aunque tampoco tiene competencias para sancionar al impulsor de esta campaña, el Consejo acordó también dar traslado de su decisión al Colegio de Abogados de Baleares. Con ello se pretende que la institución colegial también se posicione sobre esta polémica y estudie la conducta del abogado Vicente Campaner por si es motivo de alguna sanción disciplinaria.
Los vocales de la Comisión Permanente salieron ayer preocupados por los episodios que ha descrito el juez en sus escritos, sobre todo por la primera manifestación pública que convocó el abogado próximo a Cursach, que tuvo lugar el pasado día 27 de noviembre. Una iniciativa que, según justificó el letrado ante la Delegación de Gobierno, pretendía reivindicar que se hiciera justicia deteniendo e inhabilitando al juez Penalva y al fiscal Subirán.
Manifestación
"Una manifestación, convocada ante las sedes judiciales, para reivindicar la detención e inhabilitación de un juez que se encuentra instruyendo unas diligencias judiciales, y que coincide además con el día en que se encuentran señaladas diversas declaraciones de investigados en la causa, supone una actuación externa a la relación procesal que, por si misma y sin necesidad de otros condicionantes, tiene suficiente gravedad y entidad para ocasionar un efecto negativo apreciable sobre el ejercicio de la jurisdicción, suponiendo una clara injerencia en un asunto judicial en curso", según denunciaba ayer el Consejo.
El CGPJ considera que esta campaña lo que en realidad compromete es "el deber de respeto hacia las decisiones judiciales", es decir, la independencia que protege al juez Penalva. Y también, al mismo tiempo, está transmitiendo a los ciudadanos "una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema político y de convivencia", concluye el Consejo, alarmado por la situación que están sufriendo los investigadores del caso Cursach.
