Se dice pronto pero el reino de España lleva un cuarto de siglo a la cabeza de los trasplantes que se realizan en todo el mundo. Veinticinco años como líder de uno de los logros más espectaculares de la medicina no es algo que suceda por casualidad, ni mediante la improvisación, y menos todavía si nos encontramos, año tras año, veinte puntos por encima de la media de la Unión Europea, una de las regiones de todo el mundo con mejor atención sanitaria.
El reportaje de estas páginas da una idea de la complejidad que se esconde tras cualquier operación de trasplante, la necesidad que hay de contar con un equipo de especialistas en el que se integran hasta diez disciplinas y la tendencia que existe hacia el aprovechamiento de órganos de donantes que tienen cada vez más edad. Que Son Espases esté entre los hospitales capaces de alcanzar ese éxito colectivo, con cifras que logran un incremento este año del 30% por lo que hace a los trasplantes de riñón, es una excelente noticia respecto de la que cabe compartir el objetivo del coordinador de los trasplantes, el doctor Julio Velasco: que nuestro hospital de referencia se sitúe de forma regular en la élite de los diez de España con más trasplantes realizados.
El altísimo nivel de la medicina y la atención hospitalaria en nuestro país no sólo supone una garantía individual; la sociedad en su conjunto sale ganando porque, aunque pueda parecer paradójico, los fondos invertidos en sanidad suponen un ahorro. Es mucho más caro remediar que prevenir, atender la población enferma que mantenerla sana y, por supuesto, perder recursos humanos que mantenerlos durante una vida amplia, saludable y provechosa. De ahí que resulte difícil entender que las mayores amenazas de la sanidad española vengan de las maneras perversas de entender la política. A lo largo de la última década se ha producido un grave atentado contra la medicina pública a través de los planes de privatización que han sumergido en el caos a los hospitales de comunidades autónomas como las de Madrid, Valencia o Cataluña hasta que los jueces han devuelto las aguas a su cauce natural y deseable parando la almoneda de servicios sanitarios. La sanidad, casi por definición, no puede ser un negocio y se asume un riesgo enorme intentando que lo sea.
Por suerte nosotros nos hemos librado, de momento al menos, de ese disparate. Pero otro tipo de amenaza sigue amenazando la sanidad de nuestro archipiélago: la que ha impuesto el requisito de contar con un determinado título oficial de lengua catalana para poder ejercer la enfermería y la medicina en los centros públicos. No cabe ni la menor duda de que los pacientes necesitan confianza y ésta pasa por que puedan utilizar su lengua materna a la hora de ser atendidos. Pero ese derecho no estaba en absoluto amenazado, con lo que se ha hecho aparecer un problema allí donde no lo había, agravando la situación de carencia en todas las especialidades que disponen de profesionales excelentes, capaces de atender a los enfermos que hablan en catalán, pero que se ven obligados ahora a dejar su puesto de atención al paciente. Además de aplaudir la labor de servicios como el de trasplantes de Son Espases, resulta imprescindible exigir a quienes administran la sanidad pública que no pongan palos en las ruedas de un vehículo necesitado de nuestro mayor compromiso para que siga yendo a la velocidad deseable.
