La saturación en el tráfico que se registra en diferentes puntos de la isla, especialmente en las inmediaciones de Palma, y la necesidad de evitar una excesiva demanda eléctrica van a ser las armas que el Consell de Mallorca va a autilizar para frenar la implantación de más grandes superficies en la isla a través del futuro plan director de equipamientos comerciales, cuya aprobación inicial está prevista para el pleno de esta institución que se va a celebrar el próximo 9 de noviembre, según ha adelantado la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido.
Lo primero de lo que advierte Garrido es que el plan "no puede prohibir nada", dada la política liberal que prima en la Unión Europea, pero sí puede establecer requisitos a la hora de otorgar nuevas licencias comerciales, sustentados en cuestiones vinculadas al territorio y medioambientales. Y es a éstas a las que se va a aferrar el Consell de Mallorca para intentar reordenar el sector.
Según el estudio inicial, el comercio mallorquín tiene dos problemas: una excesiva concentración de la oferta comercial en Palma y su entorno, en detrimento fundamentamente de la zona de Inca y del norte de Mallorca, algo que se quiere corregir, y según se viene esgrimiento desde las patronales isleñas, un exceso de oferta generada por la implantación de nuevas grandes superficies implantación de nuevas grandes superficie, a las que se pretende poner freno.
El tráfico como justificación
Y los problemas de tráfico van a ser utilizados para hacer frente a ambas cuestiones, alegando la política territorial que se quiere impulsar.
Para empezar, los grandes establecimientos que se quieran abrir a partir de ahora se van a ver obligados a realizar un estudio de movilidad, algo previsto en la nueva ley de comercio de las islas, y se van a fijar duras condiciones para que la implantación de algún nuevo megacentro obligue a la empresa promotora a asumir todos los costes derivados de las reformas viarias necesarias para evitar colapsos en el tráfco de las inmediaciones y para favorecer el uso del transporte público.
En este caso, la finalidad es doble. Para empezar, en los los accesos a Palma y ejes de circunvala susción (como la autopista del aeropuerto o la vía de cintura) la situación de colapso ya es grave y las nuevas infraestructuras viarias que tendrá que asumir todo gran establecimiento van a ser muchísimo más costosas si su implantación se produce cerca de la capital de la isla que si lo hace, por ejemplo, en las inmediaciones de Inca, cuyas entradas desde la autopista central no presentan problemas de saturación. De este modo, se favorece cualquier posible crecimiento comercial en los entornos de esta última población o de Manacor, al suponer unos costes inferiores a los de Palma.
Pero además, los problemas de movilidad que genera un pequeño comercio o una mediana superficie no tienen comparación con los que se derivan de un megacentro, lo que implica que los costes que éstos últimos tendrán que afrontar para no generar un caos circulatorio en su entorno serán mucho más importantes, algo que se contempla como un arma para desincentivas las fuertes inversiones que estas grandes instalaciones conllevan, al dificultar su amortización.
Pero hay un segundo elemento que se va a incorporar en el plan director de equipamientos comerciales de la isla y que debe de servir también de freno a la hora de impulsar cualquier nueva gran superficie: la protección medioambiental.
Es en este apartado donde se contempla la necesidad de limitar el consumo energético que pueda generar la apertura de un nuevo comercio. Esta cuestión adquiere una especial relevancia en el caso de los megacentros, dado que se van a ver obligados a desarrollar inversiones destinadas a limitar su demanda eléctrica.
Aunque será cada establecimiento el que decida las medidas a adoptar con este fin, se señala la posibilidad de que deban de generar parte de la energía que van a consumir mediante la instalación de placas solares, por ejemplo, o con iniciativas como plantar árboles en las terrazas que sirva como aislante ante el frio o el calor. Es decir, exigencias que van a conllevar fuertes inversiones adicionales y que de nuevo pueden ayudar a desincentivar el desarrollo de estas instalaciones al elevar los costes y dificultar su amortización.
La aprobación inicial del plan se espera para el 9 de noviembre, lo que supone un retraso de unas pocas semanas sobre lo previsto. Sin embargo, Mercedes Garrido destaca que esta demora no tiene consecuencias, dado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears de suspender la moratoria comercial que el Consell había aprobado finalmente ha sido recurrida ante el Supremo, por lo que no existe el riesgo de que alguna gran empresa intente obtener una licencia.
Una vez revisado por los técnicos del Consell, este proyecto de plan director será presentado a los grupos de la oposición y a las patronales del sector.
