El Govern balear abordará una normativa autonómica en materia de cambio climático y transición energética que será "pionera" en el Estado "porque no quedará tan sólo en una declaración de intenciones, sino que irá ligada a una serie de obligaciones" para hacer posible el tránsito energético hacia las renovables en la Comunidad y avanzar hacia el compromiso de cero emisiones contaminantes en 2015.
La previsión es que el Consell de Govern apruebe el proyecto de ley en el primer trimestre de 2018 para su posterior tramitación parlamentaria.
Así lo ha señalado en rueda de prensa el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, acompañado por el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, quien han explicado los objetivos de la futura ley del cambio climático y transición de Baleares y los resultados del proceso participativo realizado previo al inicio de la redacción de la normativa.
El conseller ha remarcado que la elaboración de esta normativa será una "prioridad" del nuevo curso político en respuesta a las "evidencias científicas y la concienciación de la ciudadanía" que, según ha dicho, "pide poner dentro de la agenda política la lucha contra el cambio climático, como herramienta fundamental del proceso de transición energética".
En este sentido, ha precisado que a lo largo del otoño e invierno esta materia se convertirá en "un elemento de debate y de aportación de propuestas" con el propósito de aprobar una normativa "ambiciosa y perdurable" en el tiempo.
Esta tarea se fundamentará en dos objetivos fundamentales; fijar un calendario de cara que conseguir el objetivo europeo de reducción de gases contaminantes (CO2) y combatir los efectos que el cambio climático está produciendo en los sectores económicos y en el territorio de Baleares, donde, tal y como ha incidido Pons, la agricultura, el paisaje y el mar son fundamentales.
Así, el conseller ha recordado que en estos dos años de legislatura se han dado algunos pasos que marcan el camino y ha explicado que actualmente toda la energía que consume el Govern procede de fondos renovables, se han iniciado líneas de subvención de placas fotovoltaicas y se han ido aumentado los puntos de carga de vehículos eléctricos hasta conseguir que Baleares sea la CCAA "donde tenemos la ratio más elevada de puntos de recarga por ciudadano", ha destacado.
Con todo, ha insistido en que estas medidas "no son suficientes", por lo que se necesita de "un marco legal y jurídico que fije que las actuaciones futuras".
En este punto, Pons ha avanzado que la futura ley será "ambiciosa" puesto que implicará un "cambio global y profundo", para lo que será importante, ha constatado, "la participación, el diálogo y la voluntad de acuerdo de todos los partido políticos y agentes implicados".
Resultado del proceso participativo
Pons ha dado a conocer el resultado de un proceso participativo realizado por su departamento para pulsar "de primera mano" la opinión de ciudadanos y entidades, en el que se han obtenido más de 2.000 respuestas a título individual, han participado más de 35 empresas y se han creado 15 talleres, mesas redondas y sesiones de trabajo.
El conseller ha destacado el "consenso mostrado por la sociedad" a la hora de reclamar "medidas urgentes vinculadas a la lucha contra el cambio climático, una tónica repetida también en los talleres, donde se ha constatado la necesidad de actuar de manera clara, mediante actuaciones que tengan consecuencias".
Así, el 85% de los encuestados se muestra "muy de acuerdo" en que el cambio climático es un reto que se debe afrontar con urgencia, mientras que un 50% considera que la lucha contra el cambio climático puede suponer una oportunidad económica para las Baleares.
Por su parte, el 76% de los encuestados opina que el sector empresarial de las Islas no está haciendo bastante para reducir sus emisiones y es necesario fijar objetivo y medidas a aplicar, y otro 76% cree que las políticas públicas para hacer frente al cambio climático son insuficientes.
Por último, el 96% de las personas que han participado en una encuesta y casi la totalidad de entidades que han formado parte del proceso participativo consideran adecuado "un impulso de una ley para combatir el cambio climático".
Una ley transversal, concreta y rigurosa
El conseller de Energía ha explicado que de forma prácticamente unánime se reclaman cuestiones concretas; como que la futura ley sea transversal y que los objetivos de reducción de emisiones sean "vinculantes" para todos los sectores.
Del proceso participativo también se concluye que la normativa tenga una capacidad sancionadora antes los incumplimientos y se propone fomentar la educación ambiental e todos los niveles de formación reglada, así como realizar campañas de sensibilización.
Además, la ley deberá prevé subvenciones para incentivar la reducción de emisiones, como por ejemplo la eficiencia energética en edificios y maquinaria, sistemas de generación renovable o vehículos eléctricos.
La necesidad de contar con recursos específicos para la ley, crear un fondo climático que permita su desarrollo efectivo, avanzar hacia un sistema cien por cien basado en renovables, reducir el consumo energético global, fomentar la eficiencia energética en los viviendas y fijar como prioridad el transporte público son otras de las propuestas apuntadas en materia de energía y transporte.
"Es necesario que la ley tenga vocación de permanencia y vaya acompañada de recursos económicos y humanos para hacerla viable", ha añadido el director general, quien ha apuntado que en Baleares en la actualidad tan sólo un 2% de la producción eléctrica proviene de renovables, por lo que es preciso, ha dicho, fijar una estrategia que permita avanzar en los objetivos de 2015 en materia energética, así como establecer las bases de cara prepara a la Comunidad para afrontar episodios meteorológicos y climáticos extremos derivados del cambio climático.
