La presunta participación de José María Rodríguez y Álvaro Gijón en orgías con prostitutas pagadas por Bartolomé Cursach, en la que los políticos del PP aportaban la droga, tal y como apunta una testigo, se coló ayer de pleno en el debate de la moción de censura de Unidos Podemos contra el presidente Mariano Rajoy. La portavoz de la formación, Irene Montero, enumeró durante su intervención los 65 casos de corrupción en los que ha sido investigado el PP, entre ellos catorce que afectan a miembros del partido en Balears.
“La corrupción tiene sede y es Génova 13”, la calle de la sede de los populares, proclamó en su discurso Montero, quien detalló las ramificaciones de estas prácticas en las islas, destacando la de más rabiosa actualidad, la implicación del expresidente del PP de Palma y de su delfín, diputado y concejal popular, en las bacanales con prostitutas que financiaba el empresario de la noche, en las que la cocaína corría a su cargo, según una testigo del caso.
Una forma de gobierno
“José María Rodríguez y Álvaro Gijón son dirigentes del PP de Balears, no militantes anónimos que pasaban por allí”, proclamó Montero, que señaló que “el PP ha convertido la corrupción en una forma de gobierno. Este país no se puede seguir permitiendo poner un lobo a guardar las gallinas”.
Pero las referencias a Balears no acabaron ahí. La diputada del partido morado fue desgranando los casos de corrupción que salpican a los populares en las islas.
La recopilación las tramas baleares de Montero arrancó con el caso Nóos, por el que se condenó al expresident del Govern, Jaume Matas a 3 años y 8 meses de cárcel. Acto seguido, aludió al caso Andratx, que llevó entre rejas a varios dirigentes del PP balear, entre ellos el exalcalde del municipio Eugenio Hidalgo.
Otra trama corrupta que salió a la palestra fue Bitel, en la que también se vio envuelto el Ejecutivo de Matas. El recital de los desmanes incluyó la causa de Bon Sosec, un cementerio de lujo que quebró y tuvo que ser asumido por el Ayuntamiento de Palma, así como Bomsai, en la que un empresario conseguía contratos públicos a empresas privadas a cambio de comisiones ilegales.
El catálogo de corruptelas se hizo eco de los amaños y desvíos de fondos del caso Ibatur, así como la trama de financiación ilegal de Inestur, citada pese a que afectaba a la antigua UM.
También desfilaron por la lista tanto el Palma Arena, el mayor caso de corrupción de la historia de Balears que detona la malversación en la construcción del malogrado velódromo, como las piezas separadas de este, Ópera -el polémico inmueble de Calatrava que nunca se construyó-, Over Marketing -señalado como vía de financiación irregular del PP, donde también está implicado José María Rodríguez.
También citó el caso Rasputín, por el que se cargaron a las arcas públicas las entradas a un club de alterne en Rusia; Scala, por el que ingresó en prisión el exconseller José Juan Cardona. Cerraron el inventario el Túnel de Sóller, el primer gran escándalo del PP balear, y Turisme Joven, por el que se malversaron tres millones en época de Matas.
