Todas las partes llaman a la cordura y al sentido de la responsabilidad. Podían haberlo hecho, y sobre todo aplicado, antes. De esto modo se hubieran ahorrado la "mala imagen" de la tarde del jueves en el aeropuerto y no hubiera estado en juego la proyección de un sector como el turístico que los implicados etiquetan a coro de "muy sensible". "Se ha jugado con el pan de todos" dicen las patronales, también y más directamente el nuestro, replicarán los taxistas.
El diagnóstico, a posteriori, es peor de lo presumible con anterioridad porque certifica que no se habían aplicado medidas preventivas. Se sabía que podía pasar y ocurrió. Simplemente se dejó pasar el tiempo al más puro estilo Rajoy y que siguieran llegando turistas a discreción para un transporte discrecional pirata en detrimento del taxi regulado. Ocurre, todo hay que decirlo, en los andenes de un aeropuerto mal comunicado para un tráfico aéreo prácticamente ininterrumpido.
El escarmiento llega con las lesiones de un enfrentamiento todavía latente, en forma de decreto que el Govern dice que ya tenía a punto, el envío de tres inspectores a la zona caliente y la posibilidad regulada de multas de hasta doce mil euros para quien se atreva a presentarse en el aeropuerto a recoger pasajeros sin contrato previo. Se supone que la calma tensa con marcajes recíprocos quedará instalada en el lugar con especial empeño por parte de unos taxistas acostumbrados al casi monopolio y acorralados ya por competencias diversas con alta capacidad de camuflaje. Es la punta de iceberg del gran atasco que se crea en la confluencia del transporte aéreo con el terrestre porque el sistema de comunicaciones no está resuelto de forma elemental en Mallorca o, dicho de otro modo, peca por igual y con idéntico resultado, de exceso de oferta y demanda.
