El Pacto de Progreso no necesitaba la ayuda del PP para pagar un alto precio por la caída abrupta de Xelo Huertas, según demuestra el embarrancamiento de la izquierda a la hora de hallarle un sucesor. Por tanto, el apoyo incondicional de los populares a la presidenta del Parlament destituida solo sirvió para sembrar el descrédito sobre los juristas de la cámara. La mañana en que los dos miembros conservadores de la Mesa se levantaron junto a la exmilitante de Podemos, la portavoz Marga Prohens ofendió gravemente a los funcionarios, según atestigua la imagen de la Letrada Oficiala Mayor, Esperança Munar, contemplando con ojos inflamados las declaraciones de la diputada ante la prensa.
El elegante desquite de los letrados de la cámara fue el informe de un centenar de folios sobre la destitución y sustitución de Huertas. Sin una sola salida de tono, demuestran con pruebas sobradas que el PP siempre supo que el abandono era automático. Aportan incluso documentos firmados como president de la cámara por Joan Huguet, campeón en la defensa de Huertas, según reconoció implícitamente la propia Prohens en declaraciones a la cadena Ser. Los letrados Munar, Lluís Isern -hermano del exalcalde de Palma, Mateu Isern- y Miquel Montserrat, nada sospechosos de izquierdistas por su desempeño previo sino todo lo contrario, honraron la función que los populares quisieron desprestigiar, y demostraron las virtudes desinfectantes del Derecho cuando se utiliza de modo adecuado. El tiempo transcurrido desde su rúbrica, el 25 de enero, no oxida un documento que será utilizado como referente en el parlamentarismo autonómico español.
Una cláusula habitual
La primera prueba demoledora, contra la obcecación del PP a favor de Huertas, consiste en señalar que hasta once cámaras autonómicas españolas disponen de una cláusula que exige la destitución inmediata del presidente del parlamento regional, en el preciso instante en que sea expulsado de su grupo. Los reglamentos respectivos, con validez de ley, han sido claramente copiados de una a otra geografía, vista su redacción calcada. Baste señalar que el apartado en que se consigna la expulsión del grupo es siempre el tercero, el 39.c en el caso de Balears.
Ninguno de los once parlamentos autonómicos, incluido el balear, tiene recurrido el artículo sobre la destitución presidencial ante el Tribunal Constitucional, otro hecho que por fuerza podía averiguar el grupo del PP, con una decena larga de abogados en sus filas. Solo en una ocasión se produjo un recurso asimilable en Navarra, donde el Constitucional avaló sin problemas el cese del presidente por mayoría absoluta de la cámara, un procedimiento menos rígido que en Balears.
Se ha comentado que el PP votó junto a los otros grupos la reforma del reglamento que introdujo la destitución del presidente. Sin embargo, los letrados ahondan científicamente en la implicación de los populares, por cuanto la derecha participó en la comisión de reforma por medio de figuras tan acrisoladas como José María Rodríguez y Cristóbal Huguet. No solo avalaron la redacción final, sino que pusieron por escrito que el famoso 39.c garantiza la salida de un miembro de la mesa en cuanto sea expulsado de su grupo, sin más dilaciones. Cuesta creer que esta convicción no se transmitiera a los actuales parlamentarios.
Tampoco Huertas sale indemne del demoledor informe de los letrados. La expresidenta se dio por enterada sin tribulaciones del apartamiento de la vicepresidenta Maria Salom, rumbo a la delegación del Gobierno. No experimentó el impulso de reclamar aclaraciones ni informes complementarios.
La ignorancia sobrevenida del PP adquiere matices culposos cuando se recuerdan los ejemplos en que los populares procedieron a la expulsión fratricida de miembros de su propio grupo, que la Mesa presidida por ellos mismos tramitó de modo expeditivo. La fractura dramática más reciente corresponde al desahucio de Antoni Pastor durante el mandato de José Ramón Bauzá. La Mesa se limitó a darse por enterada según le corresponde, y procedió a "declararlo no adscrito" sin otras consideraciones.
Mayor relevancia adquiere un segundo ejemplo de expulsión del seno acogedor del PP. La diputada Joana Aina Vidal, que se había atrevido a votar contra la investidura de Jaume Matas desde las filas populares, fue fulminada por sus correligionarios a mediados de los noventa. La defenestrada recurrió contra la decisión, al igual que Huertas. La Mesa del Parlament le replicó impecable que "la Mesa no ha adoptado en ningún caso un acuerdo, sino que habiendo sido adoptado por el PP un acuerdo en relación con vuestra situación, y habiendo sido comunicado a la Mesa, se da por enterada y adoptó las disposiciones". Es decir, desalojó a la parlamentaria del grupo que la acogía, para despacharla al mixto. El texto citado viene firmado por Joan Huguet , que en aquel 1996 era el presidente del Parlament. El político llega a utilizar el concepto de "adscripción automática", que en ningún caso ha aceptado el PP para el caso de Huertas. La claridad meridiana de la postura de los populares viene transcrita en otro texto de Huguet sobre la expulsión de Vidal. "La Mesa no acordó separaros del grupo, sino que simplemente se dio por enterada". Incluso se le recuerda a la diputada díscola que la decisión es independiente de su derecho a recurrir a los tribunales. De nuevo, parece extraño que los conservadores ignoraran en 2017 las decisiones radicales que adoptaban dos décadas atrás.
El impagable informe de los letrados del Parlament contra la rebeldía de Huertas apadrinada por el PP recoge la resolución del Tribunal Constitucional sobre un diputado valenciano expulsado de su grupo, de nuevo los populares de aquella comunidad. "Por unanimidad", los jueces avalan el "acuerdo libre" tomado por los conservadores, y recuerdan al diputado que "obviamente, no puede suponer que puede elegir o permanecer en el grupo que libremente desee, pues ello supondría hacer prevalecer su voluntad sobre la de los demás miembros del grupo". De nuevo, resulta curioso el desconocimiento en Balears de una sentencia que precisamente favoreció la disciplina y el buen orden en el redil de sus correligionarios valencianos.
Sin apartarse ni un céntimo de su exquisita pulcritud, los letrados del Parlament recuerdan que el documento donde Podemos expulsa a Huertas y a la también diputada Montse Seijas tiene "un contenido casi idéntico a cuando actuó el grupo popular en los escritos de comunicación de las expulsiones de los diputados Antoni Pastor y Joana Aina Vidal. No hay motivo reglamentario que justifique que la tramitación que se lleve a término sea diferente". De nuevo, la necesidad del recordatorio sería comprensible si se dirigiera a una opinión pública olvidadiza por naturaleza, pero provoca perplejidad al dirigirlo a los populares que ayer expulsaban sin contemplaciones y hoy rechazan el automatismo.
El caso Atutxa
Los letrados del Parlament se ponen serios para recordar a la Mesa que Atutxa fue condenado por el Supremo por no cumplir con una reglas de funcionamiento internas, ajenas a la labor legislativa de la cámara vasca. Incluso se resaltan sentencias donde se refiere la independencia que los grupos parlamentarios mantienen respecto a los propios partidos bajo cuyas siglas están adscritos. En la epifanía de documentación aportada, el PP estaba siempre del lado de las decisiones inmediatas, incluido el caso Atutxa. En Balears, los populares sucumbieron a la tentación de convertirse en un partido antisistema, proclamando inviolable, inamovible y casi incombustible a Huertas. Es posible que ganaran las escaramuzas de los tuits y las declaraciones a bote pronto a la prensa. Al PP tampoco le importó sacrificar a unos letrados que históricamente siempre se han cimbreado hacia el conservadurismo, al igual que los intérpretes de la ley en su conjunto. Sin embargo, los tres funcionarios han rescatado la verdad jurídica para la posteridad.
