Si las peticiones de condena para los 11 acusados son elevadas en el caso Puertos, las solicitudes de responsabilidad civil y multas ascienden a decenas de millones de euros. Ramón Orfila, que denunció el caso en octubre del 2008, reclama sendas multas de 86,4 millones de euros para Ángel Matías y Francesc Triay por un presunto delito de tráfico de influencias.
Esta misma acusación pide que los siete encausados indemnicen con 43,2 millones de euros al Estado por el supuesto beneficio ilícito que Semar (integrada entre otros por Trapsa Yates) obtuvo de la explotación del puerto de Ibiza Nueva.
También tendrían que hacer frente a esa compensación las entidades Semar y Trapsa Yates.
Por el contrario, la Asociación de Usuarios del Puerto de Ibiza pide una indemnización más reducida: 26,1 millones de euros para el Estado.
Según esta parte, dicha suma es el beneficio que Semar obtuvo de la explotación de Ibiza Nueva entre 2008 y 2016.
Esta parte también reclama la nulidad de los concursos públicos para adjudicar los amarres en Maó y Eivissa.
La acusación Formentera Mar, por su parte, reclama que Marina de Formentera S.A. indemnice a la APB con un poco más de 4 millones de euros.
El caso fue denunciado en octubre del 2008 por Ramón Orfila, un miembro del Club Marítimo de Maó, que aportó varias grabaciones de conversaciones donde intervinieron el fallecido Joan Verger y Ángel Matías, entre otros.
El grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional acusó, con base en una de esas grabaciones, a Verger de alterar entre 2005 y 2007 un concurso para unos codiciados amarres en Maó en favor del Club Marítimo. Los investigadores llegaron a esa conclusión tras analizar un fragmento de las conversaciones donde Verger dijo a socios del Club Marítimo que ellos habían quedado segundos en el concurso, pero que eso se podía arreglar siempre que se pagasen compensaciones.
