No solo los fiscales de Balears están indignados con los problemas informáticos que sufren los juzgados de las islas. El mismo sentimiento lo tienen los jueces y, sobre todo, los funcionarios, que muchos días están desesperados porque las averías del sistema les impiden desarrollar su trabajo.
El pasado año se aplicó la nueva ley que fija plazos de tiempo en la instrucción de las causas penales. Ello obliga a los jueces y funcionarios tener un control constante de todas las causas que se tramitan, para conseguir que se practiquen todas las pruebas que se consideren necesarias en los plazos previstos. Pero para que este control sea efectivo es imprescindible tener un sistema informático en condiciones y los juzgados de Balears no lo tienen.
Una dificultad añadida es que la solución a los problemas, en la mayoría de ocasiones, no se pueden adoptar desde Palma. El problema se debe solucionar desde Madrid, porque el sistema informático se centraliza desde el Ministerio. Mucho peor es cuando el problema se produce en fin de semana, por la escasez de informáticos de permanencia. Pero estos problemas no solo lo padecen los trabajadores de la administración de justicia, sino que también lo sufren los propios ciudadanos. La mayoría de personas que acuden a los juzgados, para cualquier gestión, se ven obligados a esperar más tiempo de lo habitual, porque el sistema informático no funciona.
