La directora de la cárcel de Palma, Andrea Romero, lleva más de tres semanas de baja por la hostilidad con la que han sido recibidas sus reformas en el funcionamiento del centro. Tras su nombramiento en octubre, Romero suavizó el régimen de aislamiento, intentó agilizar la concesión de permisos y se mostró receptiva a escuchar las quejas de los internos. La fuerte oposición de funcionarios a estas medidas y la tensión generada llevaron a la directora a abandonar su puesto por razones médicas el pasado 21 de diciembre y, según fuentes del centro penitenciario, a estudiar su renuncia al cargo.
Romero llegó al puesto el pasado 10 de octubre procedente de la prisión de Estremera (Madrid) y se convirtió en la primera mujer al frente de la prisión de Palma. Llegó, en sustitución de Gustavo Villas, tras una sucesión de denuncias de reclusos por malos tratos físicos y verbales por parte de funcionarios, casos que están bajo investigación judicial. La nueva directora comenzó a aplicar una serie de cambios para "humanizar el tratamiento" a los internos, explica una fuente conocedora de la situación.
La modificación más sustancial del régimen interno afectaba a las sanciones de aislamiento. Romero decidió que en lugar de mantener a los presos encerrados durante varios días seguidos, estos cumplieran las sanciones solo por las tardes.
También intentó agilizar la concesión de permisos de salida. Las fuentes consultadas explicaron que habitualmente la respuesta a estas peticiones se demora varias semanas por razones burocráticas. Romero programó reuniones más frecuentes de la junta de tratamiento, el órgano encargado de autorizar las salidas de los internos, y emplazó a los reclusos a solicitarlas de dos en dos, con varios meses de antelación, para poder resolverlas en el plazo previsto y evitar que alguna petición no fuera atendida.
La nueva directora se mostró además cercana y accesible para los presos. Solía pasar por los patios del centro penitenciario para conversar con los reclusos y les invitaba a plantear cualquier queja que tuvieran sobre su situación. Incluso llegó a preocuparse por la comida que se sirve a los internos, cerciorándose de que estuviera en buenas condiciones. "Trataba de hacer sentir personas a los presos", resume una fuente.
Estos cambios fueron bien acogidos por los reclusos pero se toparon con una creciente oposición por parte de un grupo de trabajadores de la cárcel. La tensión fue en aumento con el paso de las semanas. Hubo reuniones entre Romero y los funcionarios en las que estos mostraron sus discrepancias a las nuevas medidas adoptadas. La máxima responsable del centro penitenciario llegó a ser acusada de estar más preocupada por el bienestar de los presos que por las condiciones de los empleados.
El clima de tensión llevó a Romero a pedir una baja médica el pasado 21 de diciembre, apenas dos meses y medio de tomar posesión. Desde entonces no ha vuelto a su puesto y es el administrador general del centro penitenciario quien se ha puesto al frente de la prisión de Palma.
Romero ha manifestado a su entorno su intención de renunciar al cargo y no regresar a la cárcel palmesana, aunque por el momento no ha presentado su dimisión de manera formal.
La Delegación del Gobierno está al corriente de esta situación, aunque oficialmente se limita a confirmar que la directora de la prisión está de baja por razones médicas.
