28 de octubre de 2016
28.10.2016
Educación

El sector educativo ve insuficiente el anuncio de 'congelar' las reválidas

Las pruebas de final de ESO y Bachiller debían condicionar la obtención del título a partir del curso que viene, pero Rajoy lo retrasa hasta que se firme un pacto - Govern, docentes y directores piden la retirada total y una nueva ley consensuada

28.10.2016 | 01:42
Manifestación de estudiantes contra la LOMCE y las reválidas del pasado miércoles.

Conflicto docente

  • Profesores de Religión presentan 73 denuncias

    Los profesores de Religión Católica han presentado 73 denuncias a nivel individual contra la conselleria de Educación al entender que las reducciones de jornada que les han aplicado "no se ajustan a derecho". Desde el sindicato USO denunciaron que finalmente Educación no les ha aplicado un ERE, lo que les ha perjudicado aún más al quitarles todas las opciones de cobrar la parte proporcional del paro. Aseguraron que entre reducciones, agrupamientos de centros y desplazamientos forzosos, más del 90% de este profesorado ha visto modificadas sus condiciones de trabajo. Denunciaron la "discriminación total" que a su entender sufre el colectivo con temas como el cobro de los sexenios o la valoración de su experiencia docente y expresaron su deseo de retomar negociaciones con la conselleria de Educación con el objetivo de "dignificar la profesión".

Consejos escolares

  • Casi 400 centros deben renovarlo

    Este curso un total de 387 centros educativos de Balears celebrarán elecciones para renovar sus consejos escolares. Hoy se cierra el plazo para presentar candidaturas a este órgano de representación, y la conselleria de Educación anima a las familias  a presentarse. El consejo escolar es el "principal organismo de participación democrática en la gestión y toma de decisiones de los centros educativos" y está integrado por profesores, alumnos, padres, personal no docente y representantes de la administración. La LOMCE modificó el margen de maniobra de las decisiones tomadas por este órgano. Las candidaturas definitivas se harán públicas el 10 de noviembre y del 17 al 22 del mismo mes se celebrarán las elecciones entre los diferentes colectivos representados.

Con cierto alivio y calma, pero también con escepticismo, inconformismo y, todavía, demasiadas dudas. Así acoge la comunidad educativa balear el anuncio hecho ayer por Mariano Rajoy en el debate de investidura: aprobar las reválidas de Secundaria y Bachillerato no será necesario para obtener el título hasta que se firme un pacto educativo (un hito que pretende lograr en seis meses).

Según el calendario de implantación de la LOCME, estas evaluaciones de etapa deben hacerse a finales de este curso como experiencia piloto, sin efectos académicos y sin condicionar la titulación. A partir del curso que viene aprobarlas se convertía en requisito indispensable para titular, pero tras la declaración de Rajoy las pruebas se quedan indefinidamente en eso, en meras pruebas de diagnóstico (la de Bachillerato sí seguirá funcionado como una Selectividad). Miembros del sector, que el pasado miércoles se manifestaban y hacían huelga contra las reválidas, ven el anuncio como insuficiente ya que el candidato a presidente dijo que no renunciar a la LOMCE. Reclaman la retirada total de las evaluaciones y una nueva ley consensuada.

El primero que relativiza la magnitud del anuncio es el conseller de Educación, Martí March, que recuerda que de cara a este curso nada cambia: la reválida de ESO no condicionará lograr el título (y además, según reveló el conseller a este diario, aquí sólo la harán los alumnos que lo soliciten) y la de Bachiller solo será necesario superarla para acceder a la universidad y será lo más parecida posible a la Selectividad. "No aporta nada", indicó, "se alarga la congelación de los efectos académicos".

March pidió una "paralización real", la vuelta de la Selectividad y trabajar para un pacto por la educación "político pero también social, con la comunidad educativa" y por una ley "con espíritu de perdurabilidad".

Llorenç Llop, presidente de la Asociación de Directores de Secundaria ADESMA, indicó que el anuncio reduce en parte la incentidumbre, pero cree que es "insuficiente" y aboga por la retirada total de las pruebas. Recordó además que aún quedan dudas: la reválida de Bachillerato sí que es necesario aprobarla para acceder a la universidad este curso y aún no se conocen de forma oficial (se han filtrado borradores) los contenidos ni los detalles de cómo deben hacerse: "Que lo digan de una vez". El director además consideró totalmente imposible que se alcance un pacto en seis meses "y menos partiendo de una base como la LOMCE, una ley tan contestada", añadió.

"Esperamos que esta congelación se vuelva una retirada definitiva", anheló Cosme Orell, secretario de enseñanza del sindicato STEI-i, "seguiremos haciendo presión: queremos la paralización definitiva y una nueva ley".

"En parte es una buena noticia, pero no modifica demasiado lo que se sabía para este curso", lamentó Miquel Àngel Santos, de Alternativa, que subrayó que siguen quedando muchas dudas, como por ejemplo si las pruebas de 6º de Primaria (que ya se hacen desde hace dos cursos pero sin efectos académicos) se usarán para hacer rankings de centros. Reclamó "que se derogue la LOMCE por los múltiples perjuicios para el alumnado y por el modelo de sociedad que propone".

Desde CCOO utilizaron el adjetivo más repetido ayer: "Insuficiente". Toni Baos, responsable del área de enseñanza, pidió la suspensión definitiva de las pruebas y recordó que "el PP ha dado la espalda a la comunidad educativa en todo momento". El sindicato consideró que cualquier pacto deberá pasar por "la reversión de los recortes y la derogación de las reválidas y la LOMCE". Para Ismael Alonso, de USO, el anuncio es "sensato" y "tendría que haber llegado antes". Deseó el fin de la política "de rodillo".

Desde las familias, Vicente Rodrigo, presidente de la Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnos FAPA, opinó que el anuncio de Rajoy es "un primer paso" y admitió que en principio "no suena mal", pero razonó que habrá que ver "su alcance real". Confió en que se vayan despejando las dudas, pero aseguró que aún así "no aflojarán" en su lucha por una mejora del sistema que no pase por " evaluaciones segregadoras".

La asociación de profesores PLIS fue la única entidad que se manifestó ayer en contra de la anulación de los efectos académicos de las pruebas y expresó su preocupación por la desaparición de las evaluaciones externas.

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