¿Conociendo la situación actual firmaría un convenio colectivo como el de 2014? La respuesta a esta pregunta es un tajante "no", y corresponde a los responsables de UGT y CCOO que suscribieron los acuerdos relacionados con las condiciones laborales de dos sectores básicos para la economía de las islas, como son los de hostelería y transportes, en los que se determina que sus plantillas verán como sus salarios suben solo en torno a un 1% hasta 2017 y 2018 respectivamente, frente a una economía que está creciendo a ritmos superiores al 4%.
Tanto la presidenta balear Francina Armengol como su conseller de Trabajo, Iago Negueruela, llevan meses reclamando a las empresas que apliquen subidas salariales que estén acordes al crecimiento económico de Balears, especialmente en el sector más beneficiado por la bonanza actual, como es el turístico. Sin embargo, los convenios colectivos firmados por los sindicatos y actualmente en vigor, en la mayoría de los casos con UGT y CCOO como representantes de los trabajadores, no dan pie a que esa mejoría se pueda producir en los niveles reclamados.
Los secretarios generales de las federaciones de UGT y CCOO en hostelería, Antonio Copete y Ginés Díez respectivamente, y el máximo responsable de Transportes en la segunda de estas organizaciones, Josep Ginard, reconocen que el error de estrategia cometido en 2014 fue doble: en primer lugar, convenios de muy larga vigencia, con cuatro años en hostelería y cinco en transportes, y con aumentos salariales muy limitados, de un 1,125% anual en el primero y de un 1% en el segundo, y todo ello con algunas renuncias en otros puntos.
Pero con la información actual es fácil darse cuenta de los fallos cometidos, lo que no sucedía en 2014, se alega. Todos estos dirigentes sindicales recuerdan que hace dos años, debido a la reforma laboral del PP, existía la amenaza de que todos estos convenios "y los avances conseguidos tras años de lucha" desaparecieran si 12 meses después de haber sido denunciados no se alcanzaba un nuevo acuerdo, lo que implicaba pasar a regirse por el Estatuto de los Trabajadores o por algún convenio de ámbito estatal.
Esta "espada de Damocles" explica el interés por pactos tan largos, y se recuerda que no fue precisamente hasta finales de 2014 cuando una sentencia del Tribunal Supremo reconoció que aunque el convenio quedaba derogado, los derechos en él contemplados pasaban a formar parte de las condiciones contractuales de los asalariados, por lo que no desaparecían.
En el caso de la hostelería, existía otro factor que presionaba a los sindicatos para firmar con urgencia un nuevo acuerdo: el peligro de externalización de una parte importante del personal de los hoteles, como es el de las camareras de piso, ante la posibilidad de que la contratación de una empresa externa supusiera sustanciales rebajas en los salarios de este personal. Este peligro se eliminó al determinar en el citado convenio que las retribuciones deberían ser idénticas independientemente de que fueran trabajadores del hotel o externos, suprimiendo así cualquier tentación de ahorro por parte de las empresas.
Respecto al hecho de haber acordado incrementos salariales de apenas un 1%, se subraya que en 2014 nadie preveía un 'boom' turístico de magnitudes como el que se ha producido este año. Prueba de ello, según se recuerda, es que las patronales de restauración y de salas de fiestas se negaron a suscribir el acuerdo alcanzado por los hoteleros, por considerar que una subida salarial del 1,125% era excesiva para la situación que se vivía en aquellas fechas, y más cuando en otras autonomías se firmaban alzas inferiores al 1%.
Esta estrategia era común en las negociaciones que se mantenían por esas fechas con las patronales, al salirse de un periodo en el que los recortes de plantillas habían sido la norma y en los que muchos convenios de empresa contemplaron también recortes en las retribuciones.
Pero el problema es que para los más de 100.000 asalariados que dependen del convenio de hostelería no habrá posibilidad de acelerar su recuperación salarial hasta 2018, cuando debe negociarse un nuevo convenio, mientras que en el transporte discrecional habrá que esperar hasta 2019.
La excepción del comercio
Según se reconoce desde estas organizaciones, no hay convenios importantes -por lo que a número de trabajadores afectados se refiere- pendiente de renovarse durante los próximos meses, con una excepción: el del sector del comercio tradicional, que afecta a unos 40.000 asalariados.
Eso explica por qué en este caso el planteamiento de los sindicatos es radicalmente diferente: para el comercio se busca un convenio mucho más corto, de dos años de vigencia, con subidas salariales del 3% por ejercicio.
En este punto, hay que tener en cuenta que se trata de un sector cuyas plantillas llevan varios años con las retribuciones congeladas, y que sin embargo aparece como uno de los beneficiados por el boom turístico de este año, especialmente en el caso de los establecimientos situados en el litoral y en zonas como el centro de Palma.
De momento, la contraoferta empresarial es dar una vigencia de tres años al acuerdo con subidas salariales del 2,5% durante el primer año y del 1,5% en los dos ejercicios siguientes, pero a cambio de una rebaja más que notable en el complemento salarial que ahora se abona por tener que trabajar en domingos y festivos y que afecta muy especialmente a los establecimientos situados en las zonas turísticas.
