El ministerio de Justicia ya ha emitido en Balears más de 13.000 certificados sobre ausencia de condenas por delitos sexuales solicitados por otras tantas personas que debe trabajar, aunque sea de manera tangencial, con menores. La Gerencia Territorial de la Administración de Justicia en Palma está sufriendo un aluvión de solicitudes, que este mes se han incrementado con la cercanía del inicio del curso escolar.
La Ley 26/2015 de Modificación del Sistema de Protección a la Infanta y a la Adolescencia y la La Ley 45/2015 de Voluntario establecieron en España un sistema de prevención de abusos y agresiones sexuales a menores por parte de personas que profesionalmente, o por otros motivos, tuvieran relación con niños y adolescentes.
La medida implantada fue la creación de un fichero único de este tipo de delitos y también de los ataques a personas adultas: el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
La Ley 26/2015 establece que "será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales".
Hasta desde Cabrera
La Gerencia Territorial es la instancia adecuada para emitir estos certificados en persona y un equipo de funcionarios, especialmente informáticos, trabaja a marchas forzadas desde el pasado marzo para atender las solicitudes. Las peticiones llegan desde todas las islas, incluso desde Cabrera personal del parque ha recabado su certificado por desarrollar actividades con niños.
El interesado debe rellenar un simple formulario con sus datos y adjuntar el original o una fotocopia compulsada del DNI. El impreso ofrece descargarse el certificado a través de la sede electrónica de Justicia. Los solicitantes también pueden recabar la certificación vía telemática en la web del Ministerio, pero es una vía poco usada.
Justicia no cobra ninguna tasa por la expedición de este documento.
Solicitudes de grupos
La emisión de estos miles de certificados resulta más sencilla para los funcionarios cuando las solicitudes se hacen de manera grupal. Por ejemplo, si un club deportivo pide la certificación para todos sus entrenadores, en vez de ir uno por uno a por la hoja de no antecedentes por delitos sexuales, o si un colegio hace lo mismo para todos los integrantes de su claustro.
Los colectivos de docentes y personal auxiliar de los colegios y de médicos de atención primaria o pediatras son los más numerosos afectados por la reforma legal. Sin embargo, en Balears, y en otras zonas turísticas, destaca la figura del animador de hotel, que también trabaja conmenores de 18 años.
Monitores, catequistas, conductores de autobús, entre otros, también han acudido a Justicia para buscar el documento que les permitirá desarrollar un trabajo o una acción de voluntariado con niños y jóvenes.
Perfil genético
En el Registro Central de Delincuentes Sexuales se incluyen los datos de la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. Se trata de un mecanismo que facilita la prevención, la investigación y persecución de tales delitos y pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores.
En este Registro se encuentran inscritos los condenados por un delito de estas características, sean adultos o menores. Los menores de edad dejarán de figurar en el mismo una vez que hayan transcurridos diez años desde la mayoría de edad. A estos efectos, la cancelación de datos relativos a penas y medidas de seguridad impuestas en esta materia está contemplado en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Las Administraciones Públicas disponen de un canal especial para obtener los certificados para sus trabajadores.
