El Govern negó ayer que vaya a desarrollar ninguna normativa que regule el uso del catalán en las empresas privadas. Esta negativa descarta varias de las acciones propuestas por el Consell Social de la Llengua Catalana del que forma parte el Ejecutivo.

Entre las 136 propuestas elaboradas por la ponencia de planificación de este órgano, además de poder elegir al médico de cabecera en función de la lengua del usuario, impulsar las películas dobladas en catalán o subvencionar juegos infantiles en esta lengua, hay otras que ya habían suscitado críticas por pretender regular el uso del catalán en empresas privadas de Balears.

Alguna de estas propuestas llegaba a contemplar condicionar la concesión de la licencia de apertura y de inicio de actividad de negocios a que garantizaran la disponibilidad de la atención en catalán y el cumplimiento de una normativa para regular su uso.

Precisamente, a estas últimas hizo referencia la portavoz del Govern, Pilar Costa, para asegurar que el Ejecutivo autonómico no desarrollará ninguna normativa que regule el uso del catalán en las empresas privadas. "No aprobaremos medidas que impliquen al sector privado y menos sin consensuarlo con él. Tampoco medidas que impliquen alguna imposición", defendió Costa, que recordó que las propuestas del plan lingüístico del Consell Social de la Llengua "no es una normativa que haya aprobado el Govern".

Costa valoró sin embargo este documento, en el cual, según dijo, "se ha hecho mucho trabajo", y dijo que "se tendrá que analizar cada propuesta". "Nuestra lengua no tiene que ser un problema en esta tierra", expuso la portavoz del Ejecutivo autonómico.

"Medidas en positivo"

No obstante, Costa recordó que el Govern ya ha tomado medidas para impulsar el catalán a lo largo del último año como la vuelta de la lengua propia como requisito para trabajar en la administración pública después de que la pasada legislatura se hubiera dejado en mérito. En este sentido, la portavoz del Govern recalcó que todas la propuestas que se incluyan en el documento serán "medidas en positivo".

La propuestas del documento ya habían recibido algunas críticas de Ciudadanos o de las Nuevas Generaciones del PP, que hablaron de "apartheid lingüístico".