Una semana de alquiler de piso a turistas en Palma está reportando en temporada alta entre 400 y 1.700 euros. Eso hace que cada vez sean más lo que se anuncien en portales de AirBNB, por mucho que hoy esa práctica sea ilegal. El problema es que la explotación privada del piso entra a veces en colisión con los deseos del resto de vecinos, sobre todo si se dan casos de ruidos, fiestas o excesivo trajín vacacional. Eso se está reflejando en los expedientes sancionadores contra el alquiler turístico que tramita la conselleria, que en muchos casos se inician por denuncia vecinal. La situación es simple: se denuncia, se inspecciona y, fácilmente, se sanciona, porque está prohibida por la ley la comercialización turística de estas viviendas. Pero con la reforma que prepara el Govern para legalizarlo en algunos supuesto, el escenario cambia: el vecino podrá quejarse del alquiler turístico de al lado, pero Turismo no sancionará si tiene permiso para ello, confirman en el Govern. De ahí que haya entrado en la reforma de la ley otro factor en juego: el papel de las comunidades de vecinos. ¿Tendrán que autorizar también que haya un propietario que alquile a turistas? Pues el conseller de Turismo se plantea incluir en la ley que si los estatutos de la comunidad prohiben el alquiler turístico haya que respetarlo, aunque duda mucho de que eso tenga validez legal. "Lo estamos analizando, pero es un tema complicado porque entra en derecho privado y en Ley de Propiedad Horizontal, y es muy posible que incluir eso en la regulación turística dé igual, al carecer de base legal".
