Corrupción

Una empresa pide 38 años de cárcel para seis exdirigentes de UM

Cubic sostiene que resultó perjudicada por el amaño de un concurso del Inestur en favor de Jacinto Farrús, un caso que hoy juzga la Audiencia

10.05.2016 | 02:51

La empresa Cubic Asesoramiento Empresarial S.L.P. , integrada por profesores de la UIB, reclama 38 años de cárcel para seis exdirigentes de Unió Mallorquina(UM), a los que vincula con una trama para favorecer a empresarios afines a ese partido con amaños de concursos, entre ellos Jacinto Farrús. La Audiencia de Palma juzga hoy este caso, en el que varios acusados están dispuestos a declararse culpables a cambio de una rebaja en sus condenas y no se descartan más conformidades.

Cubic, una consultoría vinculada a profesores de la UIB, denunció en 2009 ante la fiscalía anticorrupción los chanchullos que la conselleria de Turismo del Pacte, gobernada entonces por UM, estaba haciendo para favorecer al empresario Jacinto Farrús, una persona próxima a ese partido.

Cubic es más dura que la fiscalía anticorrupción en su petición de condenas, dado que reclama penas más elevadas que el fiscal Miguel Ángel Subirán para algunos de los principales implicados, aunque sí reconoce a otros la condición de arrepentidos.

La acusación particular pide sendas penas de 10 años de cárcel para Francesc Buils, conseller de Turismo entre 2007 y 2008, y Miquel Àngel Flaquer, expresidente de UM y jefe de finanzas del partido; de 2 años para Antoni Oliver, exdirector gerente del Instituto de Estudios Turísticos (Inestur); de 7 años y 6 meses para el periodista Antoni Martorell y para el exconseller de Deportes Mateo Cañellas y de 8 meses de privación de libertad para el colaborador con la Justicia Álvaro Llompart, que en la época de autos era contable del Inestur. Cubic solicita 5 años y 8 meses de cárcel para Farrús, al que la fiscalía anticorrupción reclama 7 años de privación de libertad.

En la causa hay otros tres acusados, Guillermo Bongiovanni, Luisa Tortella y Andreu Canals, para quienes Cubic insta condenas de entre 11 y 39 meses de prisión.

Fondos para la campaña

El concurso supuestamente amañado por el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) estaba valorado en 360.000 euros y fue adjudicado al empresario Jacinto Farrús, que ha admitido haber proporcionado fondos y empleados a UM para su campaña electoral pero todo dentro de la legalidad.

La administradora de Cubic, Margarita Munar, expresó ante la juez del caso Voltor que se sintió "chuleada" por el Inestur porque, a pesar de que su oferta había sido la mejor valorada, el concurso fue adjudicado a una UTE vinculada a Farrús.

Margarita Munar explicó que participaron en el concurso con la pretensión de presentar un proyecto de consultoría que requirió de una inversión de tiempo y dinero "altísima", en torno a los 62.000 euros, ya que "durante el tiempo que trabajábamos en él no estábamos trabajando en otros", a lo que se sumaban "los gastos del aval, del equipo de despacho y de la ayuda externa de otros profesionales del ramo".

De hecho la acusación particular solicita ser indemnizada en casi 200.000 euros por los daños y perjuicios sufridos por este episodio de presunta corrupción.

Munar relató las pesquisas y pistas que les llevaron a denunciar el caso ante la fiscalía y destacó cómo desde la conselleria de Turismo se les advirtió de que el concurso lo ganaba la UTE de Farrús o no era para nadie. Las denuncias de la consultoría forzaron a Turismo a anular la adjudicación.

La versión de Cubic ha sido ratificada por Álvaro Llompart, excontable de UM y del Inestur, quien ha confesado que el concurso de 360.000 euros fue amañado para agradecer a Farrús sus favores hacia el partido.

Llompart ratificó lo manifestado por otro encausado, Antoni Oliver, exgerente del Inestur, respecto a atribuir a Miquel Ángel Flaquer, expresident de UM, la orden de adjudicar a dedo el expediente a Farrús. Oliver admitió haber pedido a las dos técnicas que valoraban las ofertas para este expediente que alteraran los resultados en favor de THR, la empresa de Farrús. Este empresario, supuestamente, contrató en su sociedad CBM Network a cuatro liberados de UM entre 2004 y 2007. Estas personas nunca trabajaron en CBM.

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