El Parlament pide al PP que devuelva más de un millón de euros por delito electoral

La cámara aprueba una iniciativa para que se inste al PP a devolver la subvención que recibió tras la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 al pagar gastos en negro

15.03.2016 | 16:15
El Parlament pide al PP que devuelva más de un millón de euros por delito electoral

El pleno del Parlament ha aprobado, con los votos de los partidos del Pacto, iniciar los pasos para pedir al PP balear que devuelva la subvención electoral por un importe de 1.107.256 euros correspondiente a la campaña de 2007, después de que el exgerente del partido y cuñado de Jaume Matas, Fernando Areal, admitiera el pasado año ante el tribunal el pago de 72.000 euros en negro a Nimbus Comunicación.

La iniciativa parlamentaria, que no obligará al PP a cumplirla al tratarse de una proposición no de ley, se votó tras un tenso debate en el que los partidos del Pacto acusaron de corrupción generalizada al PP, repasando los distintos casos que afectan a los populares. "El PP tiene que decidir hoy de una vez si está con los chorizos o con la democracia, si quiere ser un partido honrado o un partido imputado", afirmó Nel Martí, de Mes, formación autora de la proposición. Martí incidió en que la corrupción "es cara económica, moral y democráticamente", mientras que su compañero de filas David Abril, tras una dura intervención repleta de acusaciones al PP, dijo a la bancada popular que tenían una "oportunidad única para dignificar su partido".

El popular Antoni Camps fue el encargado de defender a su partido y, tras sostener que su grupo "rechaza tajantemente la corrupción" y resaltar las "70 medidas" adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, tildó la propuesta de Més de "ignominiosa". Afirmó que el texto de la iniciativa es "una patada a la espinilla del Estado de Derecho" ya que supone "convertir al Parlament en un tribunal" sin respetar la separación de poderes entre el legislativo y el judicial. Tras estas palabras, el diputado popular defendió a su partido de las acusaciones de corrupción.

"El partido con más casos de corrupción y que más ha defraudado en España es el PSOE", sostuvo Camps quien emplazó al Pacto a crear ya la Oficina Anticorrupción y llevar a ella de inmediato el caso Multimedia, en el que está imputado el exsenador socialista Antoni Manchado. En cuanto a Més, que integra el Govern con el PSOE, le acusó de practicar "una corrupción de baja intensidad" con "su capricho de tener dos grupos parlamentarios (Més per Mallorca y Més per Menorca), lo que cuesta 250.000 euros" a las arcas públicas.

"Financiación irregular" de Podemos

Tampoco se libró Podemos, del que mencionó su "posible financiación irregular". Precisamente el líder de Podemos, Alberto Jarabo, fue el que provocó las mayores protestas por parte de las filas populares con sus duros ataques, entre ellos el de acusar al PP de haber practicado "la omertà" desde los tiempos de Gabriel Cañellas o "confundir la política con el crímen organizado". Jarabo acusó de "mentirosos" a los populares cuando hablan de sus esfuerzos contra la corrupción y les instó a "devolver el botín del saqueo" y al presidente del partido, Miquel Vidal, a hacer "limpieza" en sus filas.

Por alusiones, Vidal pidió la palabra. "Ladrón será usted", espetó indignado a Jarabo. El socialista Andreu Alcover utilizó un lenguaje más mesurado que los diputados de Més y Podemos aunque con la misma carga de profundidad contra el PP. "Esta propuesta no es para sembrar dudas sobre el PP sino para poner luz a su gestión porque para desprestigiarles ya se bastan solos", les dijo.

El Pi y Ciudadanos, en contra

El Pacto no logró el respaldo de El Pi y Ciudadanos. Para Josep Melià, de El Pi, no corresponde al Parlament este tipo de iniciativas, sino el "legislar" para que el sistema sea más transparente y se dificulte la corrupción. El Pi se abstuvo, mientras que Ciudadanos apoyó los puntos por los que se instaba a la Sindicatura de Comptes y al Tribunal de Cuentas a revisar la contabilidad electoral del PP balear de 2007, pero no a instar al Govern a pedir un informe al Consell Consultiu sobre la nulidad del pago de la subvención electoral y la devolución de la misma. "No corresponde al Parlament dictar sanciones en estos casos", dijo Olga Ballester, diputada de Ciudadanos, para quien esta medida supone "una injerencia del Parlament en el ámbito judicial", algo que es "propio de Estados dictatoriales".

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