El pinchazo de la burbuja inmobiliaria aún no se ha trasladado a la recaudación de impuestos. Pero lo hará: según informaron ayer representantes de los técnicos tributarios, que ayer se reunieron con la consellera de Hacienda, Cati Cladera, el Govern trabaja ya en coeficientes de reducción para tributos que se aplican sobre valores catastrales, como es el caso de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Dicho de otro modo, Hacienda y la Agencia Tributaria de Balears buscan vías para adaptar el valor fiscal de los inmuebles al que tienen después de la crisis del ladrillo, que de media es un 38% menor que antes del estallido, según datos de la principal sociedad de tasación, Tinsa.

El objetivo de la medida, que rebajará la presión fiscal, es corregir el impacto en los impuestos autonómicos de esa falta de relación entre el valor real y el catastral, en línea con lo que desde hace unos años hacen algunos ayuntamientos. En su caso, los alcaldes se vieron asediados por las quejas directas de los vecinos, que veían cómo el Ayuntamiento les seguía cobrando un IBI (el llamado "catastro", Impuesto sobre Bienes Inmuebles) muy elevado, pese a la pérdida de valor de sus viviendas, terrenos y casas. ¿Por qué? Pues porque los valores catastrales se revisan cada diez años, con lo que muchas veces reflejan precios muy diferentes a los reales de cada momento.

En el último decenio los ciudadanos han vivido dos escenarios muy diferentes, ambos igual de disfuncionales. Hasta 2008, era habitual que los contribuyentes pagaran muchísimo menos de lo que les correspondía, porque el valor catastral era de diez años antes, previo a la subida inmobiliaria que enriqueció a tantos antes de estallar y causar la crisis. El ejemplo contrario se vive ahora: hay valores catastrales de 2006, 2007 y 2008, en el momento más caliente del mercado inmobiliario, que arrojo valores que nada tienen que ver con la tasación actual de los inmuebles.

Para corregirlos, los ayuntamientos empezaron a rebajar el tipo fiscal que aplicaban a los valores catastrales, de modo que los vecinos (y votantes) pagasen algo más ajustado a la realidad inmobiliaria. Y ahora algo parecido prepara el Govern, que en su caso toma como referencia los valores catastrales cuando recauda el Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y el de Donaciones. Si el valor está inflado, el tributo final tras aplicar el tipo fiscal también estará inflado. Eso es lo que se quiere corregir, explicaba, tras la reunión con la consellera, Joan Torres, vicepresidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos Tributarios de Cataluña y Balears. "La idea que tiene la Conselleria de Hacienda es buscar coeficientes que puedan arreglar la diferencia entre valor real y valor catastral. Esto bajaría la presión fiscal. Hay pisos que valen un 30% o 40% menos, pero se paga por el valor anterior que ya no tienen. Y se paga más impuesto justo cuando hay gente ahogada que vende por necesidad vital, porque por la crisis no aguanta sin vender. El Govern dice que lo van a tener en cuenta", resaltaba Torres.

La medida es una de las sesenta que conforman el plan de lucha contra el fraude fiscal del Govern hasta 2019, que en la mayoría de sus puntos incluye actuaciones encaminadas a elevar la recaudación de impuestos. En el caso de los de Patrimonio, Sucesiones y donaciones, Hacienda anuncia "más control" de los inspectores tanto de las operaciones de los contribuyentes, como de los documentos mercantiles que emiten los bancos.