Los partidos del Pacto ya tienen consensuado el texto de lo que será la Ley de Fosas de Balears, por la que el Govern se convertirá en el primer ejecutivo autonómico que asumirá directamente la labor de exhumación de las fosas comunes del franquismo. El texto está pendiente solo de introducir posibles aportaciones de organizaciones como Memòria de Mallorca, ARCA o la Universitat y está previsto que se registre en el Parlament esta misma semana, para iniciar su tramitación con el fin de que se apruebe antes de que acabe el año.
A su vez, los partidos del Pacto tienen ya casi cerrada también la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Balears, más amplia que la Ley de Fosas y que reforzará parte de las medidas contempladas en esta última. La ley de Memoria Histórica llegará al Parlament a principios del próximo año, con el fin de que quede aprobada durante el primer periodo de sesiones de 2016.
Entre las cuestiones que contempla la futura Ley de Fosas balear se encuentra la personación del Govern ante los órganos judiciales, de tal manera que el Ejecutivo balear denunciará ante la Fiscalía "la existencia de indicios de la comisión de crímenes contra la humanidad", dado que estos no prescriben, ante el "carácter masivo o sistemático que presente el encuentro de restos humanos con signos de violencia en las fosas comunes de la Guerra Civil", según el texto consensuado por PSOE, Podemos, Més y Gent per Formentera y que ha coordinado Margalida Capellà, diputada de Més.
El Govern publicará y actualizará cada año los mapas de fosas en colaboración con las instituciones y entidades que le suministren información al respecto. Estas fosas pasarán a considerarse parte del patrimonio de Balears y serán catalogadas como Bienes de Interés Cultural (BIC), garantizándose su protección. Así, las fosas comunes del franquismo tendrán la consideración de zona arqueológica de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico balear y las intervenciones se realizarán ciñéndose al reglamento de intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las islas.
La conselleria de Participación y Cultura, de la que dependerán las competencias en esta materia, creará una comisión técnica que elaborará un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, además de encargarse de preparar el mapa de fosas comunes de Balears, buena parte del cual ya está realizado por parte de Memòria Històrica de Mallorca. Asimismo, la comisión organizará y coordinará un plan anual de señalización, prospección e intervención de las fosas comunes, y elaborará informes preceptivos sobre la viabilidad de la exhumación, atendiendo a las condiciones de cada fosa, además de garantizar la custodia de los restos encontrados y responsabilizarse de la devolución a las familias que los reclamen.
El texto de la futura Ley contempla la declaración de "utilidad pública e interés social" la realización de las actividades de localización e identificación o traslado de restos de personas desaparecidas, de tal modo que se autorizará la ocupación temporal de los terrenos donde se encuentren las fosas. En el caso de que se trate de terrenos de titularidad privada, el Govern pedirá el consentimiento de los propietarios para actuar. Si no lo obtuviera, podrá autorizar la ocupación temporal, tras considerar las alegaciones de los propietarios, fijando la correspondiente indemnización.
Los datos existentes hasta ahora en las islas sobre fosas comunes del franquismo proceden en su mayor parte de la asociación Memòria Històrica de Mallorca, que entre 2010 y 2012 documentó unas 50 fosas en las que están enterradas al menos 2.200 víctimas.
