Mientras los hoteleros pierden apoyos contra la tasa turística hasta en el PP, el Govern de izquierdas puede encontrar aliados para implantarla hasta en el citado PP. Para hacerlo, a la presidenta Armengol y el vicepresident Barceló les puede bastar con hacer un aparte en cualquier acto institucional con representación del Gobierno central: el miembro del PP que con más contundencia y capacidad técnica ha defendido los impuestos ambientales al turismo es hoy el alto cargo de más rango que conservan los de Rajoy en las islas, la delegada de Gobierno, Teresa Palmer.
Aunque su defensa de las tasas al turismo se remonta a sus orígenes investigadores, solo abandonados por la economista en 2011 para incorporarse al organigrama de José Ramón Bauzá en el Govern. Ya dentro del Govern Bauzá, Palmer, una economista muy reconocida en su gremio por trabajos publicados en materia ambiental, vivió de cerca el intento del expresident de implantar varias ecotasas, solo tumbadas en 2013 por la oposición en bloque de todo el empresariado de las islas.
Antes de eso, en 2003, Teresa Palmer, junto a otro cargo en activo designado en tiempos de Bauzá (Antoni Riera, director de la Fundación Impulsa), había analizado en profundidad la ecotasa que en 2001 aprobó el primer Govern Antich. En su trabajo de entonces (Turismo y tasas ambientales, la ecotasa balear), Palmer recordaba que los beneficios que reporta un sector turístico que ha multiplicado por 200 su actividad en medio siglo no deben servir para que se ignoren "los costes económicos, sociales y ambientales" del turismo.
Palmer hacía especial énfasis en "el gasto público causado por la llegada masiva de turistas", cuya presencia implica la creación de infraestructuras y servicios públicos para atenderlos. "Esto afecta a los impuestos que pagan los residentes", razonaba la hoy política del PP, que avisaba de que el turismo puede provocar desequilibrios fiscales "si el incremento del gasto no se compensa con los ingresos fiscales que se reciben por el turismo en forma de impuestos".
Destrucción de calidad de vida
¿Es este el caso en Balears? ¿Los ingresos fiscales que genera el turismo no dan para compensar los gastos que provoca? Pues esa es una de las tesis de este Govern, que por ello implanta la tasa, para compensar en parte los efectos en los servicios públicos de la llegada de turistas en cantidad millonaria y siempre creciente. De eso hablaban Teresa Palmer y Antoni Riera en 2003, cuando afirmaban que si el destino ya no tiene capacidad física para albergar a los turistas que aterrizan (y Balears ya ronda el 100% de ocupación en julio y agosto), el negocio "destruye poco a poco la calidad de vida de los residentes". El espacio "poco a poco se vuelve inhabitable, no solo para los residentes, sino también para los turistas, y agota el potencial turístico de la zona".
Para evitar ese escenario dramático y promover un "solución óptima o eficiente para la sociedad", Palmer y su socio sugieren "fijar un precio adecuado, con una tasa o gravamen para las actividades turísticas". La explicación a esta necesidad en el caso balear es contundente: "Pese a que es cierto que la llegada de un número masivo de turistas ha generado efectos beneficiosos en la economía de las islas, llevando a sus habitantes a uno de los primeros puestos en la lista de regiones más ricas [el artículo es de 2003, hoy Balears ya no ocupa uno de esos puestos], no debe olvidarse que ha habido un efecto negativo en el medio ambiente y en los recursos naturales de las islas, que ha llevado a un descenso de la calidad de vida de los habitantes de Balears" Palmer hablaba por ello de una situación de "congestión" provocada por el turismo en las islas. Y eso que era el año 2003 y aún no se habían batido todos los récords de actividad que se están marcando ahora.
¿A favor o en contra?
¿Significa todo esto que Teresa Palmer respaldó la ecotasa del 2001? Pues no exactamente. Palmer defiende el potencial e incluso la necesidad de los impuestos y tasas como vía para limitar el impacto negativo del turismo masivo en la sociedad y, a la vez, como solución para compensar los gastos adicionales que genera a los servicios públicos, pero critica algunas de las características de aquella ecotasa. Apela a fallos de diseño que luego le afearon al impuesto otros investigadores reputados en materia de economía ambiental, como que aquella ecotasa no era ni "eco", ni "tasa". De hecho, dice Palmer, en su ecotasa el Govern Antich ni se molestó en definir los niveles fiscales que reducirían la congestión turística. Es decir, se buscó la recaudación y poco más.
Aunque la hoy alto cargo del PP navegaba entonces entre dos aguas. Por un lado, justificaba técnicamente el cobro a los viajero por días de alojamiento, como hizo aquel Govern y va a hacer el actual. Por otro, censuraba que no se aplicase sobre otras formas de alojamiento, algo que el Govern Armengol ha corregido, al extender su tasa también al alquiler a turistas. No es la única de las recomendaciones de la hoy delegada del Gobierno que aparecen en el diseño del tributo del Govern de izquierdas. Otro ejemplo, Palmer y Riera sugerían que la tasa variase en temporada alta y temporada baja, dada la marcada estacionalidad del turismo. Y justo eso está cocinando el Govern Armengol, que tampoco tiene por qué avergonzarse de copiar las propuestas de una las economistas más citadas en investigaciones ligadas a fiscalidad ambiental. Palmer firma unas cuantas, todas ellas publicadas en España y en el extranjero. La política del PP planteó incluso que la tasa turística fuese parte de una reforma fiscal verde más amplia, a la que aportaba un toque liberal que seguro que agrada a más de un empresario: utilizar lo que se obtiene de la ecotasa para reducir las cargas sobre el empleo, con lo que al tiempo refuerzas el mercado de trabajo.
Un impuesto a los 'rent a car'
Años después de este trabajo, Teresa Palmer y Antoni Riera, acompañados de otros investigador, Jaume Rosselló, analizaban a fondo algo que estuvo a punto de hacerse realidad con el Govern Bauzá: implantar un impuesto al alquiler de coches, con el que reducir la congestión en Mallorca. Palmer y compañía exponían que una subida del 1% del precio del alquiler con una tasa supondría una caída de la demanda muy liviana, de entre el 0,19% y el 0,34%, lo que la lleva a avalar el tributo contra la congestión turística. En el caso de los hoteles, con la tasa del actual Govern, el precio subiría mucho menos del 1%. En el ejemplo del impuesto a los coches de alquiler, Palmer habla de una alta rentabilidad fiscal y escaso perjuicio turístico. Hasta propone precios que van mucho más allá de los que se plantea el Govern actual con el alojamiento de turistas (un euro noche): "El poder recaudatorio del impuesto es considerable y oscila entre los 45 millones con un tipo de 5 euros diarios, a los 135 millones con un tipo diario de 15 euros".
Vistos todos los datos, la hoy delegada del Govern defendía la implantación de un impuesto a los coches de alquiler con argumentos que también recuerdan a los que hoy esgrime el Govern Armengol: "En términos de aceptabilidad social puede defenderse la opcioón de aplicar los recursos a la mejora del entorno de enclaves turiísticos", decían Palmer y Riera, que añadía que con esta ecotasa a los coches, los turistas acababan beneficiándose de pagar impuestos. "Los beneficios que obtienen los turistas por el uso del recurso constituyen rentas que contribuyen a incrementar su bienestar", sostenían Palmer y Riera, dos de los últimos altos cargos nombrados o respaldados por José Ramón Bauzá que conservan el puesto.
Los beneficios de la ecotasa
Hoy el Govern Armengol puede apoyarse en ambos cargos nombrados por el PP para encontrar argumentos académicos para avalar su fiscalidad turística. Un último ejemplo: cuando Palmer y Riera analizaban los efectos de una ecotasa sobre la economía y el empleo, admitían que a corto plazo Balears podría perder clientes sensibles al precio, que acabarían en destinos más baratos, pero recalcaban que a largo plazo la tasa turística lanzaría a las islas por una senda con mucho futuro, la que lleva a la mayor rentabilidad por la vía de elevar la calidad y los precios. De eso hablan en el Govern actual cuando defienden su impuesto. Y justo de eso presumen los empresarios hoteleros baleares, los que más han incrementado sus precios tras hacer grandes reformas (33 euros en seis años, es decir, 33 ecotasas). Y sin que el sector deje de mejorar. Ya lo decía Palmer.
