El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, dictó ayer una providencia por la que cita a declarar para finales de septiembre a 22 personas como testigos por el caso Son Espases, una causa en la que están imputados el expresidente balear Jaume Matas y el presidente de la empresa constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir. El magistrado investiga el supuesto amaño en la fallida adjudicación a OHL del hospital Son Espases de Palma, la mayor obra pública llevada a cabo en Baleares con un presupuesto inicial de casi 780 millones de euros.
Según el fiscal, el mayor concurso público de Baleares, adjudicado en 2006, "fue manipulado y pervertido por orden de Matas, quien ostentaba un control absoluto sobre el mismo".
Parte de los testigos son miembros de la mesa de contratación responsable de adjudicar la obra, ex altos cargos de la conselleria de Salud y del Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut) y miembros de empresas constructoras. La realización de la obra recayó finalmente en un grupo liderado por Dragados, representado por Florentino Pérez.
Según la providencia, el 21 de septiembre declararán Javier Vázquez, Pilar Ramos, Eduardo Inda y Antonio Nicolau, mientras que el 22 será el turno de Carlos García, Joaquín Marcelo Fenollosa, Francisco José Moranta, Santiago Pérez y Juan Antonio Esteban. Los dos primeros fueron los únicos integrantes de la mesa de contratación que dimitieron al detectar las maniobras para amañar el concurso público
El día 23 también han sido citados Gabriel Sampol, Esteban Bardolet y Javier Rodrigo de Santos y el 24, María Umbert, Francisco Ferrer, Margalida Ensenyat, Luis Alegre, Antonia Estarellas, Bernardo Salvá, Juan Seguí y José Corcoll han sido citados para el día 25 y Alfredo Rubén Fernández y José María Fiol el 29. Castro citó hace unas semanas como imputados, también para declarar en septiembre, a Matas, a Villar Mir y a otras 6 personas, después de que el fiscal presentara una querella por el presunto amaño en la concesión de la obra del hospital. Los supuestos delitos cometidos son los de prevaricación continuada, falsedad documental y fraude a la administración pública.
