Cuatro años de cárcel es la petición que reclama la fiscalía Anticorrupción para Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, que está acusada de cobrar un soborno económico a cambio de amañar el concurso urbanístico de Can Domenge.
El fiscal Juan Carrau ha redactado este nuevo escrito de acusación contra la antigua líder política y en esta ocasión le imputa un delito de cohecho. Además de la pena de prisión, también reclama para ella una multa de nueve millones de euros.
A Munar se le comunicará en prisión este nuevo escrito de acusación, que deriva del pago de cuatro millones de euros a los políticos de Unió Mallorquina a cambio del concurso a favor del empresario Román Sanahuja, dueño de la constructora Sacresa. La expresidenta del desaparecido partido siempre ha negado que recibiera este pago, tal como desveló el exconseller Bartomeu Vicens, si bien cuando la llamo el juez se negó a declarar.
Cuando se celebre el juicio, Maria Antònia Munar volverá a compartir el banquillo con otros dos antiguos colaboradores, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, a quienes el fiscal también imputa un delito de cohecho. Para Nadal se solicita una condena de un año y diez meses de prisión y una multa de tres millones de euros. Para Vicens se solicita un año y tres meses de cárcel y multa de dos millones. Ambos están también en prisión por otros casos de corrupción. El fiscal les reconoce la atenuante de confesión.
En el banquillo también se sentará un histórico militante de UM de Campos, Miquel Llinàs, alias Cameta, que fue la persona a quien utilizó Vicens para recibir el dinero del soborno.
El pago fue de cuatro millones de euros y se recibió en dos entregas. Llinàs quedo con el pagador en dos lugares distintos. La primera entrega se hizo antes de resolverse el concurso y la otra una vez adjudicado. Llinàs entregó el dinero a Vicens, que después se encargó de repartirlo entre Munar y Nadal. Una parte del dinero se utilizó para financiar actos de UM, según resalta el fiscal en su escrito. Llinàs ha reconocido los hechos y ha devuelto el dinero que cobró por mediar este encargo. El fiscal reconoce una atenuante y únicamente solicita una multa de 8.100 euros.
La fiscalía Anticorrupción también reclama una multa de 64.000 euros para el empresario Sanahuja, quien en el primer juicio del caso Can Domenge ya confesó que había pagado este soborno a los políticos del Consell de Mallorca para asegurarse la adjudicación del concurso para construir en el solar público.
Al tratarse de una acusación de cohecho el juicio se celebrará ante un jurado popular. Cuatro de los acusados ya han alcanzado un acuerdo con la fiscalía anticorrupción tras confesar el soborno. Maria Antònia Munar podría sumarse en breve a este acuerdo, que la obligaría a confesar que recibió comisiones mientras presidió el Consell de Mallorca.
Como acusación particular, la institución insular, presidida ahora por el Partido Popular, también solicita penas de cárcel para los acusados.
