El juez Castro está pendiente de recibir la información que solicitó al Govern y a la delegación de Hacienda sobre los contratos que firmó la empresa Bruesa con la administración balear. El magistrado dictó ayer una providencia, en la que adjunta la información facilitada por la Guardia Civil. En ella detalla los nombres completos de las empresas controladas por Antonio Pinal, así como el número de identificación fiscal.
Castro solicitó a la administración balear que facilitara dicha información antes del próximo día 11, fecha en la que está previsto que se tome declaración al empresario gallego. Los investigadores creen que esta información es fundamental, porque se tendrá constancia de los proyectos que realizó, a cargo de fondos públicos, este empresario que supuestamente financió la compra de la sede del PP de Balears. El juez también quiere conocer los contratos que suscribió este empresario con el Govern, así como las cantidades económicas de dichos proyectos. Se quiere comprobar si estas obras públicas son de las mismas fechas en las que se realizó la operación inmobiliaria para adquirir la sede de la calle Palau Reial.
Rodrigo de Santos no vinculó en su declaración la compra de la sede con la construcción de los aparcamientos subterráneos. La relacionó con el proyecto frustrado, en el que se implicó Matas directamente, para construir una urbanización de viviendas en el solar militar de Son Busquets.
