Cristina de Borbón ha recibido el mismo trato por parte de la sala segunda de la Audiencia que si fuera una ciudadana más. La duquesa de Palma ha sido apeada del pedestal blindado donde querían situarla muchos estamentos oficiales, partidos políticos y sectores jurídicos.

La duquesa de Palma tendrá que asumir que el para ella incómodo, y humillante, interrogatorio al que le sometió el juez Castro fue un día de fiesta en comparación con un juicio que durará meses.

La Infanta se verá forzada también a presenciar en directo cómo le sacan a relucir los colores a su marido, del que ya nadie casi ni se acuerda, al haber perdido el papel protagonista del caso Nóos.

Todo estaba en el aire hasta ayer al mediodía, pero los tres magistrados de la sección segunda optaron por aplicar los protocolos habituales: hay indicios delictivos suficientes, pues a juicio y que allí brote la verdad.

Fácilmente los jueces podían haberse acogido al socorrido vemos sospechas, pero no sólidas y haber exonerado de culpa a la hija del Rey Juan Carlos y hermana del Rey Felipe VI. Mas han sido valientes, mucho, y han puesto negro sobre blanco que los duques de Palma no eran una inocente pareja cuando crearon, en 2003 y pocos meses antes de la constitución del Instituto Nóos, Aizoon.

Las reminiscencias griegas de sus nombres ya delatan la íntima conexión entre las entidades: Nóos iba a pillar la pasta con la careta de organización sin ánimo de lucro y Aizoon se encargaría de facilitar el uso de ese dinero en una vida a todo tren.

Nada de esto se hubiese descubierto nunca de no mediar dos hombres que resultaron ser antitéticos: por un lado el juez José Castro, eterno paladín de la lucha contra la corrupción, y Jaume Matas, el político golfo por antonomasia.

Si Matas no se hubiese plegado, de manera servil y oportunista, a las peticiones millonarias de fondos de Urdangarin nunca se habrían investigado las andanzas de Nóos y compañía. Si Castro se hubiese ocupado únicamente del velódromo Palma Arena y hubiera orillado otros gastos sospechosos del organismo público que lo construyó, Illesport, nadie, ni por asomo, cuestionaría la decencia de los duques de Palma.

Ahora cabría añadir tres nombres a la cadena de acontecimientos extraordinarios: los de los magistrados Gómez Reino, De la Serna y Vidal Jiménez.

Frente a otros autos y sentencias impresentables en anteriores casos de corrupción, la resolución de ayer es un ejemplo de independencia, coraje y dignidad profesionales.