El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha pedido un listado de los trabajadores de Presidencia del Govern en el primer semestre de 2007, cuando era presidente Jaume Matas y se encargó el proyecto de un teatro de la ópera al arquitecto Santiago Calatrava que se investiga por presuntas irregularidades.
Castro ha solicitado al ejecutivo autonómico una relación de quienes trabajaban entonces en el gabinete de la Presidencia del Govern, el cargo que ocupaban y, "a ser posible", sus domicilios, en una providencia dictada hoy.
La solicitud de información del magistrado se ha producido al día siguiente de que la ex secretaria general de Vicepresidencia en aquella época, Jane King, admitiera ante él que autorizó el pago de varias facturas de los trabajos para presentar el proyecto de la ópera porque era una orden de Matas.
King declaró ayer como imputada y detalló que la orden de pagar esas facturas se la transmitió por teléfono la secretaria de Matas, Xesca Pascual, ya fallecida.
La antigua alto cargo de la Vicepresidencia del Govern reconoció que el reparto de los costes totales de casi 100.000 euros en ocho facturas de entre 9.000 y 12.000 euros de otras tantas empresas parece un fraccionamiento para evitar los mecanismos de contratación que garantizan la concurrencia.
El juez investiga presuntas irregularidades en los contratos para organizar dicha presentación, cuyos trabajos de instalación y desmontaje de carpas, carpintería, alquiler de materiales e impresión fueron encargados a varias empresas que pertenecían al grupo Clave o al que dirigía el empresario José Manuel Maíz.
King argumentó que el departamento de Vicepresidencia se hizo cargo por orden de Matas de abonar el montaje y dotación de la carpa donde se iba a presentar el plan del palacio de la ópera porque la Presidencia del Govern no contaba con una unidad de contratación.
El acto, pese a los casi 100.000 euros abonados, no llegó a celebrarse porque la junta electoral ordenó su suspensión a instancias de los partidos de la oposición al entender que constituía propaganda política en favor del PP a menos de un mes para la celebración de las elecciones autonómicas de mayo de 2007.
King detalló que la orden de hacerse cargo de los gastos procedía directamente de Matas, ya que se la transmitió su secretaria, que actuaba de hecho también como jefa de su gabinete porque la titular de esa responsabilidad estaba de baja por maternidad en aquella época.
King y Matas, encarcelado por corrupción, son los únicos imputados en esta pieza separada del caso Palma Arena.
