Destituciones, recursos, sentencias, huelgas, manifestaciones, dimisiones. La aplicación del TIL se ha convertido en una carrera de obstáculos, en la que la vía judicial ha resultado ser el mejor campo de batalla posible para los contrarios al trilingüismo planteado por el PP, que se benefician de las múltiples fisuras jurídicas que se van detectando en toda la normativa referente al TIL.

El TSJB tumbó ayer el decreto TIL que el entonces conseller Bosch aprobó en mayo de 2013, apenas una semana antes de ser fulminado por Bauzá y sustituido por el tándem Camps-Estarellas. El decreto apareció un mes antes de que acabara el curso y fue matizado después por unas instrucciones -ya suspendidas cautelarmente el año pasado y ahora definitivamente suspendidas- del secretario autonómico que enredaron aún más la aprobación de los proyectos TIL.

Todo el proceso se retrasó y se complicó e incluso se abrieron unos expedientes disciplinarios a tres directores de Maó que a día de hoy, más de un año después, siguen abiertos a la espera de que la cúpula de Educación se decida a cerrarlos ya que Inspección hace meses que concluyó la instrucción.

En junio de 2013 STEI-i, UGT y CCOO recurrieron el decreto TIL y los dos primeros sindicatos además solicitaron la suspensión cautelar del calendario de aplicación así como las instrucciones de Estarellas. El 6 de septiembre de 2013 el TSJB suspendió el calendario de aplicación -con un voto particular en contra que esta vez no se ha producido- al no haber pasado por los órganos preceptivos, lo que en la práctica se traducía en que el TIL no podría instaurarse en el curso que comenzaba apenas una semana después del fallo judicial.

Tal cosa no sucedió porque en apenas unas horas el Govern anunció la redacción de un decreto ley de urgencia para poder aplicar el TIL el curso que estaba a punto de empezar y sortear así la sentencia judicial. Además, aprovecharon para derogar el artículo 20, que permitía a los centros más margen de maniobra a la hora de hacer el reparto de horas y que algunos veían como un "coladero" para que los colegios pudiesen mantener una mayor presencia del catalán.

El decreto ley indignó a la comunidad educativa, que se lo tomó como una muestra del autoritarismo de un Govern que no supo aprovechar la oportunidad que le brindaron los tribunales de aparcar el proyecto para poder replantearlo de forma consensuada. Los sindicatos STEI-i y UGT pidieron a la sala de lo contencioso que obligara al Ejecutivo a acatar la sentencia. Dos semanas después, el TSJB fallaba que aunque "dé rabia" que el Govern "lamentablemente abuse" de una figura que debería ser excepcional, el decreto ley, no quedaba más remedio que acatarlo: "Se tiene que aguantar".

El curso pasado Camps aprobó una orden de aplicación del TIL para garantizar su continuidad los cursos posteriores; una orden que ha sido objeto de una ofensiva judicial pactada que se ha traducido en una serie de recursos presentados por la federación de padres de alumnos FAPA, los sindicatos y la Assemblea. A finales de julio además, Educación publicó una resolución para obligar a los centros a aplicar su proyecto TIL aunque el claustro lo hubiese rechazado; una resolución que también ha sido recurrida por sindicatos y directores.

Después de 19 jornadas de huelgas y manifestaciones, la batalla judicial ha sido la que más victorias ha dado al frente antiTIL, aunque el Govern siga buscando maneras de seguir adelante con su proyecto. El PP ahora gana tiempo esperando una resolución del Supremo que, con toda probabilidad, llegará después de las elecciones.