Nuevo choque entre gobiernos del mismo color político, esta vez a cuenta del impuesto para coches de segunda mano. El Govern Bauzá salvó a este tributo del paquete de nuevos ´gravámenes ecológicos´ que la patronal le tumbó a principios del año pasado, pero ahora el Gobierno central lo ha frenado a la espera de resolver las "discrepancias" observadas.

El Ejecutivo autonómico incluyó en los presupuestos para este 2014 un nuevo tipo de gravamen para la transmisión de vehículos matriculados antes de 2011, en función de su tipo y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que puede suponer hasta 960 euros. Para los automóviles matriculados después de 2011, el tipo se determina por el cubicaje, pudiendo alcanzar los 1.280 euros para los que superen los 2.500 centímetros cúbicos.

Sin embargo, el ministerio de Hacienda y Administraciones Pública no da dado su visto bueno, y para evitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, ha acordado con el Ejecutivo de Bauzá "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias" en relación a este impuesto.

El acuerdo salió publicado ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad y se tomó en el seno de la Comisión bilateral de Cooperación entre la Administración general del Estado y el Govern, que ahora deben "designar un grupo de trabajo para proponer la solución que proceda".

Según explicó un portavoz de la conselleria de Hacienda y Presupuestos ayer, las divergencias no son de calado y se trata de "una cuestión muy técnica", en tanto que "hasta ahora este gravamen se calculaba por porcentaje, y ahora se aplica un tipo fijo". La Conselleria defiende que es el mismo método que Aragón o Canarias, y alega además que en su día obtuvo hasta tres informes favorables de organismos del Ministerio al nuevo tributo.

En cualquier caso, desde el departamento del conseller José Vicente Marí señalan que la controversia se saldará en el citado grupo de trabajo. Asimismo, ahora habrá que informar del acuerdo al Tribunal Constitucional.

Entre todas las nuevas medidas tributarias que pretendía aprobar, bajo la marca de impuestos ecológicos, el Govern solo pudo lograr que prosperara el impuesto por la compraventa de un vehículo usado y la subida del canon del agua. En una imagen histórica, el empresariado local del sector alimenticio se alió para amenazar al Govern con ir al Constitucional si seguía adelante con su intención de implantar un nuevo impuesto sobre los envases. La unión sin precedentes logró su efecto, y Bauzá tuvo que dar marcha atrás y de paso se cobró una víctima política, el exvicepresidente económico, José Ignacio Aguiló, que pagó los platos rotos.

Toda la batería fiscal de nuevos tributos ´verdes´ sobre coches de alquiler, envases y grandes superficies comerciales cayó por la presión de la patronal, lo que sirvió a la izquierda para denunciar la sumisión del presidente del Govern. Ahora lo poco que se libró de la ira empresarial choca con la oposición del Gobierno del mismo PP.