Ni una diligencia más. El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach da por terminada la investigación de la llamada trama Nóos, que ha supuesto la imputación de un personalidad de tanta relevancia social, (hasta poco tiempo personaje intocable), como ha sido Iñaki Urdangarin, duque de Palma.
La fiscalía entiende que todas las diligencias que se llevan practicando desde hace más de dos años, tuteladas por el juez instructor José Castro, son suficientes para llevar a juicio a los responsables de esta trama que se dedicó al asalto de las arcas públicas. Entiende el fiscal que las líneas de investigación que aún continúan abiertas no aportarán ningún dato relevante para la causa. Aunque el juez sigue tomando decisiones que obligan a la Policía y a la delegación de Hacienda a continuar investigando, Anticorrupción no tiene intención de apoyar estas decisiones. El fiscal quiere terminar de una vez por todas con este caso y llevarlo a juicio lo antes posible. Y entiende que, en estos momentos, las pruebas que dispone son suficientes para imputar delitos graves a los cerebros de esta trama, como son Iñaki Urdangarin y su antiguo socio, Diego Torres.
El juicio no tendrá lugar sin que antes el fiscal elabore un escrito de acusación, en el que recoja un relato de los hechos delictivos que se han cometido, que se individualicen las culpas, se fijen los delitos y se soliciten las correspondientes penas de prisión. El fiscal Horrach ya está ultimando este escrito de acusación, que sin duda tendrá una gran trascendencia dado que por primera vez se solicitará una pena de cárcel para un integrante de la Familia Real, como es el yerno del Rey.
Pero en este escrito de acusación no incluirá los nombres de todas las personas que a lo largo de estos dos últimos dos años han prestado declaración ante el juez como imputados. Se hará una purga y se eliminarán nombres de implicados. De hecho, solo se presentarán cargos contra los principales acusados, mientras que los imputados de segundo nivel serán exculpados. En la lista de acusados no figurará la infanta Cristina, ya que desde el primer momento Anticorrupción, al contrario de lo que piensa el juez Castro, ha defendido que no hay pruebas para citarla como imputada y mucho menos para llevarla a juicio.
Aunque todavía se trata de un borrador y no del escrito definitivo, el fiscal se está planteando solicitar penas de cárcel que superarían los diez años, tanto para Iñaki Urdangarin como para Diego Torres. También se solicitarán penas de prisión, aunque más leves, para Jaume Matas, expresident del Govern balear, porque el fiscal cree que fue este político el que ordenó que le entregaran los fondos públicos al yerno del Rey, sin respetar los procedimientos que exige la ley.
Entre los personajes relevantes a los que finalmente no se acusará se incluye a Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas y funcionario de la Zarzuela, que fue nombrado tesorero del instituto Nóos. Anticorrupción no tiene intención de llevarlo a juicio porque entiende que no se ha demostrado que colaborara con los negocios, supuestamente ilegales, que encabezó el marido de la Infanta, que fue precisamente quien le ofreció su nombramiento como tesorero.
Cinco delitos
El fiscal, inicialmente, imputará cinco delitos al duque de Palma y a su antiguo socio. Les acusará de malversación de fondos públicos, fraude a la administración, prevaricación, falsedad en documento público y delito fiscal. Estos delitos contemplan penas superiores a los diez años de cárcel.
Anticorrupción entiende que con esta investigación se ha demostrado que Iñaki Urdangarin y Diego Torres organizaron un entramado para beneficiarse de fondos públicos, que terminaron llenando sus bolsillos. El fiscal asegura que el duque utilizaba su influencia social y su amistad con determinados políticos para ofrecerles los proyectos que organizaba el instituto Nóos, que teóricamente carecía de ánimo de lucro. Gracias a su influencia como integrante de la Familia Real conseguía que los políticos le subvencionaran estos proyectos privados con fondos públicos, logrando con ello millonarios beneficios particulares.
Aunque inicialmente la investigación se centró en los foros turísticos que se celebraron en Balears, al final se descubrió todo un entramado de empresas con las que se desviaron los fondos públicos, en ocasiones incluso al extranjero. Se desvelaron también los millonarios negocios que logró el duque de Palma, prácticamente a cambio de ningún servicio, gracias a su condición de yerno del Rey. Aunque el duque de Palma ha sostenido desde el primer momento en que fue interrogado que él no se encargaba de la gestión económica del instituto Nóos, la fiscalía le sitúa a la misma altura que a Diego Torres y sostiene que también encabezó todos estos negocios.
