La policía, en una operación dirigida por los fiscales Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas, detuvo ayer a dos empresarios acusados de desviar dinero público del Consell de Mallorca. Se trata del gerente y de un socio de la empresa Urbient, que constituye la UTE de empresas que se encargan del mantenimiento de la carretera de Manacor, en el tramo de Ponent llevant. Se les acusa de realizar trabajos de mantenimiento, financiado con fondos públicos, en los domicilios particulares de dos antiguos políticos de Unió Mallorquina. Se investiga si habrían trabajado gratis, en recompensa por el contrato público que habrían obtenido del Consell de Mallorca, en los jardines de los domicilios particulares de los expolíticos, entre otros, de Antoni Pascual, exconseller de carreteras, y de Malen Tortella, exgerente de la empresa municipal Emaya.
También se detuvo a una tercera persona que sería un trabajador de la empresa, del que se sospechaba que habría facilitado la destrucción de pruebas. Sin embargo este arrestado quedó ayer tarde en libertad al comprobarse que no había perjudicado la investigación. Este nuevo caso de presunta corrupción de fondos públicos se investiga en el juzgado de instrucción número cinco de Palma, que tramita una querella formulada por la físcalia. La juez Ana San José ha declarado el secreto de las diligencias que tramita el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía. La Policía, además de las detenciones de estos dos directivos, registró la sede principal de la empresa, ubicada en un polígono industrial de Palma.
Facturas
Según fuentes próximas al caso, los investigadores disponen de una serie de facturas que se habrían pagado con fondos públicos del Consell de Mallorca. Estas facturas se habrían disfrazado con horas extras, y que se tratarían de los trabajos particulares que se habrían realizado en los domicilios de los políticos, que casualmente fueron los que otorgaron el concurso público para que este grupo de empresas obtuviera el mantenimiento de esta carretera de Mallorca. Los investigadores han constatado también que los empresarios realizaban regalos particulares, sobre todo en la época de Navidad, a estos mismos políticos.
La Policía llevaba ya varios meses investigando este caso, que se inició tras una denuncia presentada ante la fiscalía anticorrupción. Los testigos han constatado que estos trabajadores acudían en horario laboral y con el vehículo de la misma empresa en los domicilios de estos políticos de la desaparecida Unió Mallorquina.
Los dos empresarios fueron ayer tarde interrogados por la Policía y en presencia de los dos fiscales. El contenido de las declaraciones no ha trascendido al estar el caso bajo secreto. Está previsto que esta tarde sean presentados ante el juez de guardia, acusados de fraude y malversación de fondos públicos.
En fuentes próximas al caso se daba anoche por segura la imputación tanto de Pascual como de Tortella y no se descarta que en breve sean citados a declarar. El exresponsable de la conselleria de carreteras del Consell, Antoni Pascual, ya figura como imputado en el caso Peaje, que motivó la detención de una docena de personas al tener sospechas de que se financiaron con fondos públicos.
