El propio director general de Territorio, Joan Mesquida, admite que la futura Ley reguladora de la ordenación y el uso del suelo "no es revolucionaria". Más bien resulta "conservadora" porque "no incorpora figuras extrañas como el agente urbanizador [muy polémico en la Comunidad Valenciana por su carácter especulador]", confirma Mesquida.
El borrador presentado ayer por la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio "actualiza y simplifica" la legislación vigente sin entrar en un terreno resbaladizo en Balears: el suelo rústico. Se centra en el urbano a través de casi 200 artículos. Entre las novedades del texto destaca la introducción de la "comunicación previa" en sustitución de la licencia para obra menor, un mecanismo que funciona desde la legislatura pasada en el ayuntamiento de Palma.
De este modo ya no será necesario esperar a la licencia para arrancar una obra que no requiere proyecto técnico (cambiar los azulejos del baño, por ejemplo). Basta con presentar las características de la intervención ante el consistorio, que puede enviar a un funcionario para hacer las comprobaciones pertinentes. Los consells podrán ampliar el uso de la "comunicación previa" a otro tipo de obras, siempre que no sean de nueva planta, más allá de las menores en rústico o en edificios catalogados.
Por primera vez en Balears la futura ley contempla la prescripción de las ilegalidades urbanísticas. La amenaza de sanción se extingue a los ocho años de concluir la construcción aunque la obligatoriedad de demoler en zonas protegidas continuará como hasta ahora, sin fecha de caducidad.
En uno de los pocos aspectos donde se aborda la problemática del suelo rústico, se amplía el margen de actuación de los consells. Se refiere a la potestad para detener obras ilegales de "forma inmediata", explica el director general de Territorio. Ya no será necesario esperar a los ayuntamientos. "Abre la posibilidad a actuar de manera más rápida porque siempre se ha jugado a construir y luego ver lo que pasa", analiza.
Los partidos de la oposición no se muestran muy satisfechos con la obra del departamento del conseller Biel Company. "Nace antigua y obvia el suelo rústico, donde más presión urbanística existe. Pensé que sería una ley marco y los consells tendrían más potestad de desarrollarla. A priori, no presenta grandes novedades", afirma el diputado socialista y exconseller Jaime Carbonero.
Un escepticismo similar se desprende de las palabras de Antoni Alorda, diputado de Més per Mallorca. No obstante, valora el "cambio de actitud del Govern" en política urbanística, al intentar alcanzar un acuerdo.
El director general Joan Mesquida considera que el suelo rústico puede esperar a una segunda fase en la revisión de la legislación porque Balears dispone de normas para su protección, como las Directrices de Ordenación del Territorio y la Ley de Espacios Naturales. Para esa segunda fase, lo importante no será lo que se puede hacer en rústico, dijo Mesquida, "sino pensar en qué podemos hacer con lo ya existente".
