Un total de 28 entidades y Administraciones públicas han presentado alegaciones a la Ley del Turismo que prepara el conseller Carlos Delgado, a las que se podrían sumar algunas más a la espera de que lleguen por correo. El aspecto más destacable es la elevada presencia de patronales isleñas en este grupo, muchas de ellas posicionadas claramente en contra de aspectos fundamentales del citado proyecto, como las de promotores inmobiliarios, restauración, comercio o salas de fiesta, o el que el ayuntamiento de Palma, gobernado también por el PP, advierta de que se puede estar dando una invasión de sus competencias en materia de urbanismo.
Desde la conselleria de Turismo se ha optado por no hacer por ahora ninguna valoración, más allá de asumir el compromiso de estudiar todas estas propuestas durante los próximos 15 días, para así poder incorporar aquellas que se consideren adecuadas y presentar en un plazo de unas tres semanas un nuevo texto normativo con las citadas modificaciones.
Uno de los aspectos más destacables es que el Consistorio palmesano, del mismo color político que el Govern, esté en la lista de los que proponen cambios en el borrador de la ley, al considerar que se puede estar produciendo una invasión de sus competencias en materia urbanística. Para empezar, se cuestiona el que los informes que los municipios vayan a hacer ante un proyecto para ampliar un establecimiento turístico "sean preceptivos pero no vinculantes". También se señala la inseguridad jurídica que se puede generar y el agravio comparativo que supone el que un edificio turístico pueda ampliarse y otro colindante y residencial no. Pese a ello, se aseguró que Cort está a favor de la reforma de la legislación actual.
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