Las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad llevan desde abril sin percibir ni un duro de las administraciones. Todos estos meses han "aguantado como han podido", pero ahora la situación es "insostenible". Así lo alerta el portavoz de la Federación de Asociaciones de Familias (Feaps), Boni Martínez, quien lamenta que muchas entidades no podrán hacer frente al pago de las nóminas de sus trabajadores ni a los gastos de luz y agua. Han activado la alarma, ya que "más de 3.000 personas con discapacidad podrían quedarse sin ser atendidas si las entidades a las que pertenecen no reciben en breve el dinero que les adeuda la administración balear".

Esta agrupación de asociaciones integra a 15 entidades sin ánimo de lucro que trabajan a favor de las personas con discapacidad. Entre ellas están Amadip.esment, Amadiba o el centro Mater Misericordiae. Martínez remarca que algunas están "a punto de cerrar", debido a que no perciben el dinero que les adeuda la Administración. En total, la deuda suma once millones de euros. El portavoz detalla: "hemos aguantado lo que hemos podido pensando que la situación se solucionaría, pero ya no podemos soportarlo más, se ha llegado a un límite insostenible que obligará a las entidades a introducir graves recortes o a suprimir prestaciones y servicios a las personas con discapacidad".

Aproscom ha sido la primera en caer, ya que en agosto no pudo hacer frente a las nóminas de sus 90 trabajadores. Se trata de una entidad que trabaja con unas 265 personas con discapacidad intelectual. El portavoz de la Federación de Asociaciones de Familias lamenta que otras siete entidades seguirán los mismos pasos que Aproscom durante este mes de septiembre. El resto, calcula, sufrirá los efectos del impago de las administraciones durante los meses de octubre o noviembre.

Martínez explica que la deuda conlleva que las entidades no puedan afrontar el pago de las nóminas de los empleados, pero antes hay toda una serie de proveedores que llevan meses sin cobrar. Ello se traduce en que si no abonan las facturas del agua y la luz, les cortarán el servicio y no podrán prestar asistencia a las personas con discapacidad.

"Realmente lo que nos viene encima es un drama", remarcan desde Feaps. Las asociaciones prestan servicios sociales, educativos y laborales. Así, están en peligro centros de día, residencias, centros ocupacionales o escuelas, entre otros. Desde la federación intentan hacer ver la gravedad del asunto a la ciudadanía, ya que si es difícil concebir que se cierre una escuela por el impago de la Administración, igual de difícil debe ser que se clausure un centro que ofrece un servicio educativo y social a las personas con discapacidad. Por ello recuerdan al Govern que "las políticas sociales deben ser consideradas como una inversión y no como un gasto".

"Imagínese que cierran el colegio donde estudia su hijo o se queda sin su puesto de trabajo y lo que ello conlleva. Imagínese que nadie atiende el centro de día al que acude su madre, ¿estaría usted preocupado?", se pregunta el padre de Enrique, uno de los usuarios que acude cada mañana al Centro Ocupacional Isla, otra de las entidades que forman parte de la federación.