Iñaki Madariaga, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, lleva más de treinta años ejerciendo de psiquiatra, periodo en el cual ha sufrido cuatro agresiones por parte de pacientes. Sin embargo, no tiene reparos en suscribir la estadística de que tan sólo el 23% de los pacientes con alguna enfermedad mental terminan ocasionando algún episodio de violencia. Madariaga preside una sociedad que acoge a unos 250 profesionales de la psiquiatría, de los 4.500 que ejercen esta especialidad en el país, interesados e implicados en los aspectos legales de su dedicación.

—¿Qué es exactamente la psiquiatría legal?

—Es una especialidad que busca integrar los aspectos puramente sanitarios y psiquiátricos con los aspectos legales, porque está claro que la sociedad se está judicializando cada vez más. Además, entre un 20% y un 30% de los pacientes psiquiátricos tendrán algún problema legal a lo largo de su vida. Lo que no implica que este problema esté provocado siempre por una actitud violenta, los hay de todo tipo.

—¿Qué trastorno mental provoca más situaciones de violencia?

—Los trastornos de personalidad antisocial, que antes se definía como psicópata, y los enfermos mentales paranoides. Pero hay que dejar bien claro que sólo el 23% de los pacientes mentales protagonizan algún tipo de acto violento.

—¿Ante qué paciente se mostraría más precavido?

—Los episodios más graves de violencia los protagonizan pacientes con una esquizofrenia que se ve agravada por un proceso alucinatorio que les hace percibir una situación de riesgo que les obliga a comportarse de una manera agresiva.

—¿Hay algún factor de riesgo que te sitúe en el umbral de padecer una enfermedad mental?

—Las personas muy suspicaces y desconfiadas ante todo pueden correr el riesgo de degenerar en algún trastorno mental como la paranoia.

—¿Qué le desaconsejaría por encima de todo a un paciente?

—El consumo de tóxicos como el alcohol o cualquier otro tipo de drogas, sustancias que agravan considerablemente su estado.

—¿No es habitual entre los pacientes con trastornos mentales combinar los antidepresivos y ansiolíticos con alcohol?

—Sí, cada vez es más frecuente porque buscan otros mecanismos para poder salir de una situación adversa. Y desde luego que no les ayuda nada. Esta combinación tiene un efecto que desestructura mucho a la persona.

—¿No ha provocado el cierre generalizado de manicomios que muchas personas con problemas mentales hayan quedado abandonadas a su suerte en la calle?

—El cierre de psiquiátricos ha estado muy mediatizado por temas ideológicos. En realidad, no se ha tenido en cuenta qué era lo mejor para el paciente. En los lugares en los que se han preservado los psiquiátricos les ha ido mejor a las personas con estos trastornos. Pese a que en muchos lugares se cerraron para evitar estigmatizar a sus pacientes, éstos han quedado más estigmatizados en la calle al pasar a vivir de mala manera en estaciones o en entornos lumpen. No hay que olvidar que estos enfermos necesitan disfrutar de un entorno de control, de ayuda.

—¿Qué segmentos de la población tienen más tendencias suicidas?

—El suicidio es bimodal. Se da sobre todo entre las personas mayores y entre los adolescentes. En estos últimos asociados en ocasiones a trastornos de la alimentación.

—¿Es aconsejable transferir las competencias de los tratamientos mentales de los reclusos a las comunidades autónomas?

—Sí. En opinión de la sociedad que presido este es un hecho incuestionable. Cataluña ha sido la única comunidad autónoma que ha conseguido esta transferencia por el momento. Y en breve parece que la obtendrá también el País Vasco. En la actualidad sólo existen dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, el de Sevilla y el alicantino de Fontcalent. Y entre el 10% y el 12% de la población reclusa padece problemas mentales, excluyendo además los asociados al consumo de sustancias tóxicas que está muy extendido en todas las cárceles españolas. Pues a todas estas personas les atienden psiquiatras de Instituciones Penitenciarias y su tratamiento sería mucho más eficaz si se hicieran cargo los servicios de salud autonómicos.

—¿Qué problemas legales plantean los tratamientos de electroshock?

—Es un proceso complicado porque está claro que el paciente no puede dar su consentimiento para que se le aplique esta terapia y hay que obtenerlo de la familia.

—¿Por qué tiene tan mala prensa esta terapia?

—Quizá porque se pudo abusar de ella en el pasado. Y es injusto porque pacientes con cuadros depresivos y catatónicos que no responden a los tratamientos farmacológicos sí lo hacen a esta terapia. Antes se aplicaba sin anestesia y el paciente sufría, cosa que ahora no ocurre. Las descargas eléctricas modifican fisiológicamente el nivel neuronal a determinados tipos de enfermos y les procuran una mejoría prolongada en el tiempo con menos efectos secundarios.

—¿Los cambios sociales producen más trastornos mentales?

—La sociedad es cada más individualista y menos protectora. Tendremos que aprender a convivir con estos cambios sociales.