Jaume Matas, el expresident del anterior Govern del PP y principal imputado en la presunta trama de corrupción del velódromo Palma Arena, ha pedido al juez Castro que anule la fianza pecuniaria de 1,6 millones de euros por la pieza de la Ópera. Matas, a través de su abogado Rafael Perera, argumenta, entre otros extremos, que cuando, en 2006 pactó con el arquitecto Calatrava, el diseño de la Ópera lo hizo a título personal de president del Govern y "no vinculó formalmente a la Administración Autonómica".

Matas ha decidido recurrir el auto del juez Castro donde se le acusa de contratar ilegalmente, y para su propio beneficio electoral, con Calatrava la redacción de un anteproyecto de Ópera, enmarcado en una reforma del Moll Vell y de la Bahía de Palma. El juez acusa al también exministro de causar al Govern unas pérdidas de 1,6 millones de euros porque Calatrava apenas cumplió parte del encargo, y su contrato estipulaba que las maquetas del teatro y de la Bahía de Palma, así como la idea para el recinto son propiedad del arquitecto e ingeniero.

Acuerdo verbal

Matas, en su recurso que también formulará en apelación ante la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), afirma que cuando era president tenía facultades para una iniciativa como la investigada. "Estaba plenamente legitimado para planear la reordenación de la Bahía y de su Muelle Viejo, con la construcción de un edificio emblemático (...) Matas estaba igualmente legitimado para seleccionar al técnico más conveniente para materializar esa idea (Calatrava)", alega Perera.

Imbuido de esos poderes, Matas decidió entrevistarse en un hotel de Roma con el arquitecto también encausado. En esa reunión el expresident habría llegado a un acuerdo verbal con Calatrava, que llevó al artista a ponerse a trabajar inmediatamente en el anteproyecto.

"Ese acuerdo verbal (la supuesta voluntad política incuestionada e incuestionable del president del Govern balear) no puede merece reproche penal alguno", precisamente porque no vinculó formalmente a la Administración Autonómica, subraya el recurso.

La defensa va más lejos en su tesis y, tras copiar algunas de las frases del auto del juez Castro, mantiene que Calatrava, al fiarse de la palabra del president, se arriesgó a que la iniciativa de la Ópera no prosperase y a "perder su trabajo y su tiempo".

El recurso reconoce que el president no era un órgano de contratación del Govern, pero insiste en que Matas estaba legitimado para aquel acuerdo verbal, que no se substanció en un expediente administrativo y un contrato hasta meses después del encuentro de Roma.

El hecho de que el encargo no se hiciera público hasta meses después (en plena campaña electoral, según recuerda el magistrado, no obedeció a cuestiones dede maniobras políticas de Matas, añade Perera.

"No se trata de un supuesto de clandestinidad, como se dice erróneamente en el auto (de la fianza=, sino de ejercicio discrecional, de la facultad de llevar a cabo los actos de gobierno en la forma en que se estime oportuna y, concretamente (en este supuesto), guardando secreto o reserva de su existencia o desarrollo", razona el escrito de la defensa.

Rafael Perera atribuye a "razones de la acción de gobierno", la demora en anunciar pública la contratación de Calatrava, que cobró 1,2 millones del Govern.