Era el 23 de febrero de 1983, el día en que se cumplían dos años del fallido golpe de Estado del coronel Antonio Tejero, cuando el Gobierno socialista de Felipe González ordenó la intervención de las 700 empresas de Rumasa con más de 65.000 trabajadores. Unos 3.000 empleados mallorquines de los bancos, hoteles y de las famosas Galerías Preciados, vivieron con incertidumbre aquellos días temiendo por el futuro de sus puestos de trabajo. Un intenso debate entre políticos y empresarios sobre la medida y el futuro de las empresas mallorquinas hicieron temblar la isla.

Rumasa tenía una importante presencia en la isla. Además de Galerías preciados en Jaume III, lo que ahora es el Corte Inglés, contaba con sucursales del Banco Atlántico (situada en plena plaza de Cort) del Banco Condal, Banco Industrial del Sur y Banco Comercial de Catalunya. Asimismo tenía empresas de construcción y promotoras que se dedicaban al negocio inmobiliario, Cala Falcó S.A y Doña Falcó S.A, que realizaron promociones de viviendas en las inmediaciones del casino de Mallorca en Calvià.

Unas 5.000 plazas hoteleras dependían en 1983 de la antigua empresa Hotasa, perteneciente al holding de la familia Ruiz Mateos. En concreto eran 10 hoteles en Balears, todos con nombre de animales, y con fuerte implantación en la urbanización de Calas de Mallorca (Manacor) y en Magaluf y Palma Nova (Calvià). En Mallorca estaban los hoteles Los Mastines, Los Chihuahuas, Los Canarios, Los Mirlos y Los Tordos. En el sector turístico de la época no se podían creer la intervención gubernamental, ya que los hoteles de Rumasa estaban obteniendo muy buenos resultados.

La mayoría de hoteles de Rumasa fueron a parar a manos de la cadena Sol. En 1998 José María Ruiz Mateos pronunció una conferencia en la UIB donde acusó a Gabriel Escarrer de haberse beneficiado de la expropiación de Rumasa. La citada conferencia levantó una gran expectación en Palma y abarrotó por completo el salón de actos de la universidad balear. Ruiz Mateos acusó a Escarrer de "haberse quedado con el fruto de un robo al pactar con el Gobierno que robó Rumasa".

La Delegación de Hacienda de Palma le tocó el cometido de materializar la intervención de las empresas de Rumasa en Palma. Por ello, a primera hora de la mañana del 24 de febrero se desplegaron inspectores de Hacienda acompañados de policías para tomar posesión de las sedes . Los bancos del holding no abrieron ese día y los trabajadores seguían desde el interior los acontecimientos a nivel nacional tras la intervención del Gobierno. Otros muchos trabajadores autónomos, que se dedicaban a distribuir los productos de las bodegas de Rumasa, también se vieron afectados por la intervención en 1983. Unos productos que tenían una fuerte implantación en el mercado de la época. La CAEB y Alianza Popular arremetieron contra los socialistas de Palma por justificar la medida.