Las asociaciones de bingos infiltraron a algunos de sus trabajadores en diferentes clubes de la tercera edad para vigilar si se estaban jugando grandes cantidades económicas en su interior, y finalmente se optó por presentar denuncias contra dos de ellos por considerar que se estaban superando los límites admisibles en las recaudaciones, según desvelaron ayer a DIARIO de MALLORCA los presidentes de las dos patronales de este sector existentes en las islas, Eusebio Cano (Aesbi) y Antonio Aloy (Asba). Esta estrategia se va a mantener durante los próximos meses, con el fin de detectar posibles irregularidades.

Ambos, acompañados de su asesor jurídico, Tomeu Borrás, indicaron que ante la sospecha de que en alguna de las asociaciones de la tercera edad se estaban realizando partidas de bingo con un importante beneficio para sus organizadores, se optó por introducir a una persona para que participara en ellas y realizara el correspondiente informe. Las conclusiones fueron que en varios de estos clubes la actividad del juego se mantenía en unos niveles razonables, pero en dos de ellos el importe global de las cantidades que se jugaban se consideró sumamente elevado –las de las calles Francesc Martí i Mora y Ferro–, a las que posteriormente acudieron inspectores de la conselleria de Interior y policías nacionales.

En el caso de la primera, se comprobó que se jugaba de lunes a sábado unas cinco horas diarias, con partidas por 20 céntimos el cartón y por 40 céntimos en algunos casos, pero que además se realizaba una lotería con cartas de la baraja española con un precio de 50 céntimos por apuesta. En el segundo, se jugaba martes, jueves y sábados, según consta en las denuncias posteriormente presentadas. Un aspecto que se destaca es que ese ´infiltrado´ ni era socio de los clubes ni era una persona mayor, pese a lo cual no tuvo ningún problema para participar en los juegos.

Cano y Aloy hicieron especial hincapié en que sus respectivas patronales no han abierto ninguna persecución contra los ancianos que juegan al bingo en estas asociaciones, sino que exclusivamente han decidido actuar contra aquellas personas que se están lucrando a su costa. Así, se afirma que las empresas de bingo legales han llegado a regalar a alguno de estos clubes el material que se quedaba obsoleto, como sillas o las bolas numeradas.

Sin embargo, pusieron de relieve que van a seguir realizando controles con personas infiltradas, especialmente durante las semanas navideñas, ya que en éstas se incrementa el juego.

Los dos presidentes lamentaron que las denuncias y los posteriores controles hayan derivado en la dimisión del director general de Interior, Sebastià Amengual, ya que en su opinión ésta ha venido derivada del intento por parte de la consellera Pilar Costa de frenar estos expedientes por motivos electoralistas, ante el evidente malestar que se estaba generando entre el colectivo de la tercera edad a medio año de las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Al respecto, se afirmó que desde que es consellera, Costa no ha mantenido ni una sola reunión con los representantes de estas asociaciones empresariales, mientras que inmediatamente después de desatarse la polémica mantuvo un encuentro con el presidente de la federación de pensionistas de Balears, Rafael Verger.

Antonio Aloy y Eusebio Cano pusieron de relieve los problemas por los que están atravesando los bingos legalizados, que se han visto agravados por la crisis, hasta el punto de que frente a los 17 que existían hace una década en las islas, en este momento sólo quedan siete en Palma, uno en Manacor y otro en Eivissa, lo que supone mantener unos 400 empleos directos y 200 indirectos, según se afirmó. Los impuestos que este sector abona cada año alcanzan los 15 millones de euros, de ahí que en su opinión las competencias deberían estar en manos de la conselleria de Hacienda y no de la de Interior.

Igualmente, se puso de relieve que estas instalaciones son inspeccionadas dos veces cada mes, y están obligadas a realizar controles para evitar la entrada de ludópatas. Según los presidentes de estas patronales, las partidas de bingo que se organizan en los clubes de la tercera edad ni pagan impuestos ni controlan el acceso de los jugadores, lo que en su opinión resulta especialmente injusto cuando algunos de sus responsables están obteniendo un lucro con esta actividad.