El Cuerpo Nacional de Policía y la fiscalía anticorrupción registraron ayer en Madrid las sedes de varias empresas vinculadas a Ana Torroja, la cantante imputada por dos delitos fiscales en el caso Relámpago. La operación policial se produjo dentro de ese sumario, que fue abierto en Palma en 2007.

El juzgado de instrucción 7 de Palma coordinó ayer los registros realizados en Madrid. En la operación participaron agentes del Grupo de Delitos Económicos de Palma, inspectores de la Agencia Tributaria, así otros policías de Madrid.

Los registros se practicaron mediante comisiones rogatorias remitidas a los juzgados de la capital de España, que movilizaron a los secretarios y personal auxiliar necesarios para la operación.

La nueva fase del caso Relámpago se hizo dentro de una de las piezas separadas y con ella se pretendió localizar diversa documentación en soporte papel e informático respecto a las sociedades investigadas.

El magistrado palmesano Antoni Garcías, que instruye el caso Relámpago, una supuesta trama de fraude fiscal, estafas inmobiliarias y posible blanqueo de dinero, señaló hace unos meses una fianza de 1,8 millones de euros para Ana Torroja, de cara a cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias de los delitos fiscales que se le imputan.

Torroja está acusada de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública. La Agencia Tributaria en un informe asumido por la fiscalía anticorrupción le ha calculado una cuota impagada de unos 430.000 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, y otra de 180.000 euros, por el ejercicio de 2007.

Torroja, defendida por Ildelfonso González-Grano de Oro, pidió a la Audiencia de Palma en su recurso la nulidad de todo el sumario del caso Relámpago, al entender que se habían producido vulneraciones de derechos constitucionales en los primeros pasos de las pesquisas judiciales. La Audiencia desestimó su recurso y mantuvo la imputación de la ex vocalista de Mecano.

La artista habría empleado, según el juez, un complicado entramado societario en España, Holanda y paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos al Fisco español.

En la misma pieza separada aparece encausado Gabriel Feliu, antiguo abogado de la cantante en Mallorca. Feliu ya ha sido condenado por delito fiscal en otra pieza separada, pendiente de recurso.