La fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella criminal contra la antigua cúpula de la conselleria de Turismo del Govern Matas, entre los que figura el ex titular de este departamento, Joan Flaquer, actual diputado autonómico del Partido Popular. También incluye el fiscal a las personas más próximas al ex conseller, como fueron Francisco Javier Salas, Eduardo Gamero, José Aloy, Raimundo Alabern y Javier Cases, según confirmaron fuentes jurídicas. Esta querella es la base fundamental de la investigación de la Operación Pasarela, que pretende descubrir una rosario de delitos económicos cometidos supuestamente por los antiguos responsables de esta conselleria durante la anterior etapa del Govern Matas.

El escrito de la fiscalía ha sido aceptado a trámite por el juez Juan Ignacio Lope Sola, que declaró el secreto de la investigación a la espera de que la Policía interviniera y analizara toda la documentación relacionada con la gestión de promoción turística a través de Ibatur. En la querella se imputa al conseller y a varios de sus altos cargos de la conselleria una serie de delitos, que irían desde la malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y falsificación de documentos públicos. Estos delitos conllevan duras penas de prisión.

A pesar de que ayer se realizaron los primeros registros relacionados con este nuevo caso de corrupción política, ninguna de las personas que aparece incluida en la querella ha sido detenida. Sin embargo, la Policía no descarta que estos arrestos puedan producirse en las próximas horas.

La base de la querella que han planteado los fiscales se fundamenta en los datos que han aportado dos imputados en otras causas. Uno de ellos es Felip Ferré, ex concejal popular en Lloseta, que fue detenido en el desarrollo del caso Scala. Reconoció el pago de comisiones a los directivos de la empresa pública CDEIB, que dependía de la conselleria de Comercio. Ferré denunció que a través de Ibatur también se abonaron facturas falsas por proyectos que nunca se realizaron, y que estos pagos se hicieron con el conocimiento del conseller Flaquer y del director general de Ibatur, Raimundo Alabern. Denunció también que Francisco Salas, ex jefe de gabinete de Turismo, le pidió una comisión a cambio de su contratación por Ibatur, si bien afirmó que se negó a aceptar estas condiciones. Ferré afirmó en su declaración que los responsables de la Consellería de Turismo tenían órdenes de quedar bien con él por su condición de sobrino político del ex president Matas. Tanto Flaquer como Alabern han negado estas acusaciones. Fuentes próximas a la investigación han señalado que la mayoría de datos que aportó Felip Ferré se han confirmado como ciertos y, por tanto, no se trata de acusaciones inventadas, como han intentado defender los imputados.

Pero no sólo Ferré ha denunciado las presuntas irregularidades. También lo ha hecho Miguel Ángel Bonet, el antiguo secretario y asesor legal de Ibatur, que fue detenido por quedarse con 90.000 euros públicos.

Bonet denunció la malversación cometida en el patrocino de los torneos de golf, que fueron subvencionados con fondos públicos. También denunció que se había desviado dinero para promocionar eventos en el extranjero, como fue el proyecto de las bodas en China.

Los fiscales denuncian que la conselleria convocó concursos públicos que supuestamente fueron amañados, ya que se presentaban siempre las mismas empresas que estaban controladas por las mismas personas.