El PP balear recurrirá a una ofensiva judicial para intentar contrarrestar la avalancha creciente de imputados en sus filas, preocupado porque estos merman su imagen y credibilidad como partido. Aunque el tema se lleva con mucho secretismo por parte de la dirección, han trascendido los contactos para encomendar a un bufete de abogados de Madrid que estudie caso por caso si las medidas cautelares impuestas por los jueces baleares a instancias de la Fiscalía Anticorrupción se ajustan a la dimensión del presunto delito cometido, y si otras actuaciones en la larga lista de sumarios son susceptibles de ser recurridas e impugnadas.

La decisión se habría tomado conjuntamente entre el presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, y la dirección central del partido en Madrid, desde donde se coordinará el contraataque judicial. Los letrados elegidos son especialistas en este tipo de litigios, afirman varios dirigentes conservadores de las islas, quienes apuntan lo ocurrido con la trama Gürtel y el juez Baltasar Garzón –la querella por las escuchas telefónicas supuestamente ilegales entre abogados y encausados, que ha terminado con el magistrado instructor imputado– para ilustrar lo que se pretende conseguir ahora con los casos de corrupción en Balears.

Aunque ningún barón afirma abiertamente que se pretende sentar en el banquillo también a alguno de los tres fiscales Anticorrupción que están investigando los casos que afectan al partido, no se oculta la animadversión hacia Juan Carrau, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, a quienes se acusa de actuar como comisarios políticos. "Sufrimos una persecución, el que no quiera verlo es un cegato", repiten una y otra vez al periodista. Hace unos días, Bauzá ya advirtió que será "inflexible" a la hora de defender a sus compañeros acusados falsamente de corrupción, y habló de "cazadores furtivos que disparan gratuitamente", en clara alusión a los fiscales.

La gota que ha colmado la paciencia del PP ha sido la fianza de 50.000 euros impuesta el lunes al ex conseller Luis Ramis d´Ayreflor, ya que según la formación, "nada del sumario le vincula con delito alguno". Puesto que con la nueva doctrina Bauzá, d´Ayreflor ha tenido que dimitir, los ´populares´ ven motivaciones distintas a las judiciales para tan "desmesurada" caución.

En modo alguno el PP balear quiere llegar a las elecciones del año que viene con un imputado día sí y otro también, de ahí la nueva estrategia, que de momento ha dado resultado con Garzón a los ´populares´ madrileños.