JOSÉ CASTRO ARAGÓN

De la corrupción de Calvià a la pista del velódromo

El juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro Aragón, aterrizó en Mallorca en 1985 asignado a Magistratura de Trabajo –los actuales juzgados de lo social–. Pasó siete años resolviendo asuntos relacionados con conflictos laborales, hasta que en 1991 recaló en su actual puesto. Se trata del magistrado de Balears que más tiempo lleva al frente de un juzgado unipersonal.

José Castro comenzó a gozar de relevancia mediática a mediados de los noventa, a partir de la instrucción del ´caso Calvià´, la operación de compra de voto para intentar derribar del Ayuntamiento de Calvià a la entonces alcaldesa socialista Margarita Nájera y elegir a un edil del PP. El ex dirigente local del PP Andrés Bordoy fue condenado por el Supremo en 1994 a cuatro meses de arresto y multa de 100 millones.

Castro, padre de tres hijos, dos de ellos procuradores y uno abogado, afronta el mayor reto profesional de su carrera. La instrucción más voluminosa con la que se ha topado le ha obligado a volcarse casi en exclusiva sobre este asunto.

El letrado de Matas, Rafael Perera, le definió de la siguiente manera: "Es asequible, trabajador y un buen juez instructor. Trata muy bien a los abogados. Puede resultar duro, pero a la vez flexible. No es un juez envarado. No le veo puntos de contacto con Baltasar Garzón". Como Perera, es de los que se lleva el trabajo a casa los fines de semana.

J. CARRAU Y P. HORRACH

Una labor ingente a dos manos

Como los políticos mallorquines no han hecho el menor esfuerzo por asear su comportamiento, a los fiscales anticorrupción se les acumulan los imputados sobre la mesa. Pedro Horrach, hijo de un destacado empresario hotelero de Santa Margalida, nació hace 46 años en Costitx, estudió en Inca y su primer destino fue Eivissa. Al retornar a Palma recaló en la fiscalía de Menores. Su primer caso trascendente fue la coordinación de la detención de Martina Gelabert, la ex recaudadora del Ayuntamiento de Sineu detenida hace ya casi tres años al descubrirse que habían desaparecido de las arcas municipales casi 500.000 euros. Amable lejos de los juzgados, metido en harina es el más duro. Suele encarnar el papel de ´poli´ malo.

El valenciano Juan Carrau llegó a Mallorca hace unos 22 años. A su carrera de Derecho suma una licenciatura en Filosofía y Letras. Forma parte de la la Unión Progresista de Fiscales y destaca por su hercúlea capacidad de trabajo y una extremada preparación. Es capaz de tomar declaración a unos estafadores hasta las cinco de la mañana y comparecer a las nueve en su despacho para asumir una investigación clave del caso Maquillaje, que afecta a Maria Antònia Munar. Carrau ya dio un ejemplo de su solidez como fiscal en el juicio del Túnel de Sóller. Con poco más de treinta años fue capaz de reflotar un caso penal en contra de la opinión de buena parte de sus compañeros de fiscalía. Sorprende su exacerbada timidez.

RAFAEL PERERA MEZQUIDA

Sus memorias no tienen precio

Rafael Perera (Palma, 1929) es el letrado que guarda las claves de la historia reciente de Mallorca. Por edad, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) le jubiló de magistrado hace diez años. Cuenta que pasó cuatro meses ejerciendo de pensionista. Durante aquel tiempo aprendió el nombre de todos los barcos atracados junto al Paseo Marítimo y frecuentó "las plantas del Corte Ingles". Aquella vida no le convencía, pensaba "demasiado" sobre la vida y la muerte, y volvió a enfundarse la toga. Retornó al bando de su juventud, el de los letrados.

Su reto actual consiste en salvar el tipo a Jaume Matas, como antes hizo con otro ex president, Gabriel Cañellas. Su única afición es la agricultura. "Se me da muy bien el motocultor. Los árboles y las plantas son más agradecidas que las personas", dice Perera, quien se define como "lobo solitario". También hace gala de una profunda religiosidad: "Tengo fe, gracias a Dios. Pienso que todos los malos han de purgar lo que han hecho, pero yo no voy a imponer ninguna penitencia porque soy abogado, no juez".

Además de defender a numerosos políticos del Partido Popular, fue el letrado del mayor falsificador artístico del siglo pasado, Elmyr de Hory, y destacó como abogado penalista. Salvó de la cárcel a un policía en excedencia que ejercía de guardaespaldas de un miembro de la familia March. Unas varillas y un maniquí le sirvieron para elaborar una teoría sobre la trayectoria de una bala que salió de la pistola del guardaespaldas.

MANUEL OLLÉ SESÉ

El as bajo la manga del ex president

Manuel Ollé Sesé, doctor en Derecho, es abogado penalista experto en crímenes de lesa humanidad, director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Antonio Nebrija y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Ha abordado los abusos que se producen contra los Derechos Humanos por parte de los Gobiernos de Guinea, Gabón, Honduras y China, entre otros países. Cuando Matas fichó a Ollé, saltaron todas las alarmas y se especuló con que el ex president estaba orquestando una operación para evitar su comparecencia en España. Al final, no ha sido así. Sin embargo, quedan muchas dudas por resolver acerca de la labor que desempeñará Ollé. Al margen de la defensa de Matas, sigue con su campaña en la que denuncia que España incumple el Derecho internacional. Según su opinión, la Legislación española en materia de recursos penales incumple el Derecho internacional. "Cuanta más condena se impone a un justiciable, sorprendentemente, menores son las garantías para verificar si fue justa o no", esgrime. A su juicio, es incompresible, y constituye una violación de derechos fundamentales, que una persona juzgada y condenada en una Audiencia Provincial o en la Audiencia Nacional por delitos con penas superiores a cinco años de prisión, o en un Tribunal Superior de Justicia en el caso de aforados regionales, sólo pueda interponer contra esa condena un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo, que le impide la revisión íntegra de la condena.