El director del Área Materno-Infantil del hospital de Son Llàtzer, Adolfo Marqués, estimó ayer que la sanidad pública balear difícilmente podrá asumir la realización de todos los abortos que se realizan en la comunidad –3.387 en el año 2008, últimos datos disponibles– con la reforma de la ley que ultima el Gobierno central.
La reforma de la ley del aborto que Madrid prevé tener lista a finales de año o comienzos del siguiente implicará una interrupción voluntaria del embarazo libre en las catorce primeras semanas de gestación sin informes médicos previos.
Por su parte, el jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital de Manacor, Andrés Calvo, opinó que ninguno de los médicos que trabajen para la sanidad pública debería poder apelar a una objeción de conciencia para eludir la práctica de este tipo de intervenciones. "Al igual que un juez no puede negarse a casar a una pareja homosexual, un médico no puede negarse a realizar una prestación que está garantizada por ley", consideró.
El doctor Marqués especificó que hay dos caras del aborto. "En la pública no nos negamos a practicarlos cuando existe un riesgo grave para la salud de la madre o malformaciones en el feto que dificultarían su desarrollo posterior. Otra cosa es cuando la gente quiere abortar porque se ha quedado embarazada a consecuencia de un fracaso en sus prácticas sexuales o en el uso de anticonceptivos. Estos casos, que constituyen la inmensa mayoría, no los tratamos", admitió el responsable de Son Llàtzer.
2.500 partos anuales
El doctor Marqués señaló que en la mayoría de los abortos practicados en las islas en 2008 –3.281 sobre 3.387– se alegó problemas de salud materna –fundamentalmente problemas psíquicos para la madre que sólo las clínicas privadas certifican con un informe psiquiátrico–, y estimó que la sanidad pública balear no podría asumir esta carga de trabajo que implicará el cambio de legislación.
"Teniendo en cuenta que somos la mayor maternidad de la islas y atendemos 2.500 partos anuales, ¿cómo podríamos asumir un número superior de interrupciones del embarazo?", se preguntó.
El responsable de Son Llàtzer apuntó que tiene a su cargo a 22 ginecólogos que podrían declararse objetores parciales a la hora de practicar los abortos en este supuesto. "No es un trabajo para el que estemos. Sí, en el caso de problemas de reproducción, pero no para solventar embarazos no deseados", puntualizó el jefe del Área Materno-Infantil de Son Llàtzer.
No en las privadas
"Lo que es sintomático es que la mayoría de los ginecólogos que trabajamos en los hospitales públicos de las islas no somos objetores ante el aborto, pero tampoco trabajamos en las clínicas privadas abortistas", apuntó el doctor Marqués.
El responsable de Son Llàtzer consideró que no sería prudente sobrecargar de trabajo a la sanidad pública balear el próximo año, sobre todo teniendo en cuenta el recorte presupuestario con el que se afrontará el próximo ejercicio.
Por su parte, el jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital de Manacor, Andrés Calvo, fue más contundente que su colega al afirmar que él no objetaría ante ningún supuesto del aborto. "Por mi condición de servidor público y por convicción", remachó.
"Y no creo que ningún facultativo apelase a la ética cuando la situación le tocase directamente. Cuando su hija de dieciséis años que esté estudiando se quedara embarazada por un desliz con su novio o cuando, por ejemplo, alguien de su familia corriera el riesgo de alumbrar a un hijo con síndrome de down", estimó.
"En mi servicio, y tengo 14 ginecólogos a mi cargo, no nos declararemos objetores, aunque ya veremos la carga de trabajo que supone la nueva normativa", avisó.
Para el doctor Calvo, la ley que perfila el Gobierno lo que persigue es "dar carta legal a una decisión libre. Hasta ahora, en la sanidad pública nadie iba a certificar la afección psicológica de la madre para llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo. Simplemente, no remitíamos a las pacientes al psiquiatra porque éste no iba a firmar un informe favorable, como sí se hace en las clínicas privadas", explicó.
El jefe del servicio de Ginecología de Manacor planteó otra disyuntiva: la posibilidad de que la sanidad pública pueda costear estos abortos por libre decisión. "Esta es una cuestión discutible. En mi opinión se tendría que acompañar de un informe socioeconómico de la solicitante de la intervención. Porque no es lo mismo que la sanidad pública sufrage un aborto a una joven con problemas familiares y económicos a que lo pague a a una estudiante universitaria de veintitantos años que se haya corrido una juerga con su novio".
El doctor Calvo consideró también que la sanidad pública no podrá costear el cien por cien de los abortos de la misma manera que no se pueden sufragar todos los métodos anticonceptivos o los mismos preservativos. "Habría que poner un rasero para todas estas cuestiones", concluyó.
