Las comunidades autónomas de Balears, Canarias y Murcia vulneran el sistema de financiación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios. Así lo pone de manifiesto el informe ´Financiación y costes de la Ley de Dependencia´, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Según el estudio, la Administración General del Estado aporta para 2009 más de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7 por ciento), mientras que los usuarios aportan 585,1 millones (16,8 por ciento) y la comunidades 954,2 millones (27,5 por ciento).
Sin embargo, la propia norma establece que, una vez deducida la aportación de los dependientes, las administraciones autonómicas deberían aportar lo mismo que el Estado.
Sin aportaciones
De acuerdo con los datos recogidos por la asociación promotora del estudio, Balears recibe del Estado el 93 por ciento del coste efectivo de los servicios y los usuarios aportan el 14,5 por ciento. Por tanto, a la Administración autonómica le sobra casi un 8 por ciento. A la lista de las autonomías que menos aportan se suman Extremadura, Galicia, Cataluña y Aragón.
